Pide flexibilizar las exigencias para facilitar una adaptación ordenada al nuevo régimen
MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El subgobernador del Banco de España, Fernando Resoy, ha considerado que la nueva normativa de resolución en Europa contribuirá a promover un cambio en la estructura de la industria financiera que "corrija" el exceso de capacidad en el sector mediante fusiones.
Las nuevas entidades de estos procesos de consolidación serán, según el subgobernador, "más capaces" de cumplir con "suficiente" holgura las nuevas exigencias. El supervisor deberá poner los medios "necesarios" para que este ajuste "inevitable" se desarrolle de la forma "más ordenada posible", ha agregado.
Durante su intervención en las jornadas de 'Gobierno corporativo y crisis de entidades de crédito' celebradas en la Universidad Complutense de Madrid, Restoy ha repasado la nueva normativa de resolución en Europa tras la crisis, con el fin de mantener la estabilidad financiera sin requerir una utilización masiva de fondos públicos.
En concreto, se ha referido a la exigencia de un volumen mínimo de instrumentos susceptibles de absorber pérdida en caso de resolución, un requisito conocido por el acrónimo MREL. Esta obligación persigue facilitar la recapitalización interna de aquellas entidades no liquidables por su relevancia.
En este sentido, el subgobernador ha advertido de que el nuevo marco de resolución exigirá a estas entidades no liquidables una resolución centrada en sus accionistas y acreedores, por lo que tendrán que ser capaces de emitir instrumentos susceptibles de absorber pérdidas en los mercados de capitales.
DIFICULTADES DE ENTIDADES.
"Parece probable que diversas entidades tendrán dificultades objetivas para ajustarse al marco de resolución recientemente establecido", ha afirmado Restoy, quien ha admitido que la nueva normativa de resolución supone "restricciones muy importantes", más determinantes en muchos casos que los requisitos de solvencia.
En este sentido, ha pedido flexibilidad en estas exigencias para facilitar la adaptación "ordenada" del sector al nuevo régimen, aprovechando la revisión en curso de la legislación europea.
Restoy ha recordado el "elevado" coste público de la crisis financiera para minimizar el riesgo sistémico. Entre 2008 y 2014 se otorgaron ayudas públicas en forma de capital del entorno del 5% del PIB en España, Bélgica o Reino Unido, cifras que superaron el 20% del PIB en Grecia y el 30% del PIB en Irlanda.
