MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
Sólo el 8% de las entidades públicas fueron auditadas en 2008, de las que el 65% eran entidades estatales, el 29% autonómicas y el 5% entidades locales, según se desprende de un estudio elaborado por el Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Colegios de Economistas de España (REA-CGCEE).
Según el estudio, la propia evolución económica, social, política y legal está creando una demanda de mayor exigencia en el control externo de las cuentas públicas, lo que hace deseable un cambio legislativo, como en Alemania o en el Reino Unido, que obligue a las entidades del sector público a la auditoría.
Además, considera que, en el caso de los ayuntamientos, las auditorías se deberían realizar a partir de un determinado tamaño (por número de habitantes): una vez al año, cada dos años o una vez por mandato y se debería aplicar de forma gradual.
El informe recuerda que el sector público está teniendo un papel fundamental en los planes de gobierno como dinamizador de la economía, lo que supone alcanzar un peso cada vez mayor en la economía nacional, tanto a través de organismos puramente públicos como ayuntamientos, CC.AA. y Gobierno central, como a otros organismos semipúblicos, como fundaciones, entidades públicas empresariales o consorcios.
Según los auditores, todos estos organismos gestionan importantes presupuestos y son generadores de una gran cantidad de documentación económico-financiera que, para mayor tranquilidad del contribuyente, debería ser sometida a verificación por terceros independientes que dotaran de mayor transparencia, fiabilidad y control a la gestión pública.
Por este motivo, consideran urgente incrementar de forma significativa el grado de control a través de auditorías en el sector público español y apostaron por cambios legislativos para conseguirlo.
