MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (Acea) aplaudió hoy el respaldo del parlamento europeo a un informe del grupo de alto nivel Cars21 en el que se pide a la Comisión que no se establezcan límites obligatorios a las emisiones de CO2 de los vehículos hasta 2015, frente a la pretensión del Ejecutivo comunitario de establecer un tope de 120 gramos por kilómetro en 2012.
"El Parlamento ha reconocido el papel crucial que juega en la decisión de la Unión Europea la necesidad de establecer plazos suficientes para implementar los nuevos requerimientos, teniendo en cuenta su impacto en la competitividad y en los niveles de empleo", indicó el secretario general de Acea, Ivan Hodac.
Acea recuerda que el Parlamento Europeo apuesta por la fijación de objetivos realistas, tras su respaldo a un informe en el que se solicita que los límites a las emisiones de dióxido de carbono se fijen en consonancia con el peso del automóvil.
Además, la patronal europea del automóvil recuerda que la Cámara insta a los Estados miembros a alcanzar un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión en materia fiscal, orientado a la armonización de los gravámenes. "La armonización de los impuestos sobre los automóviles es extremadamente importante, para prevenir la fragmentación del mercado interno", añadió Hodac.
En materia de seguridad vial, el informe respaldado por el Parlamento pide a la Comisión una estrategia integrada que combine las mejoras tecnológicas de los vehículos con medidas en infraestructuras, educación, información del tráfico y legislación.
Por último, en lo referente a investigación y desarrollo, el Parlamento pide un aumento de las fondos en esta materia en el sector del automóvil hasta 2012, al tiempo que urge a los países a incrementar estas partidas, teniendo en cuenta la importancia de la industria de automoción en cuanto empleo, innovación y competitividad.
El informe, aprobado ayer con los votos a favor de 607 eurodiputados, 76 en contra y 14 abstenciones, considera que se deberán hacer "ajustes a nivel político" para impedir que la normativa que propuso la Comisión Europea para reducir la emisión de CO2 a la atmósfera genere pérdidas de empleo en el sector del automóvil.
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