ROMA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Conferencia de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) aprobó este miércoles un nuevo tratado internacional vinculante cuyo objetivo es que a los barcos involucrados en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada(conocida por las siglas INDNR) se les cierren los puertos pesqueros.
Este tratado pionero pretende que junto con los Estados de pabellón, responsables de la conducta de los barcos que operan bajo su bandera en alta mar, los Estados rectores, responsables de los puertos, luchen contra la pesca ilegal. Son medidas para prevenir, evitar y eliminar este tipo de pesca que perjudica seriamente a las personas que dependen económicamente de estos recursos o simplemente para sea su forma de alimentarse.
Con la adhesión a este tratado, que firmaron inmediatamente los once primeros Estados miembros de la FAO, Angola, Brasil, Chile, la Comisión Europea, Noruega, Samoa, Sierra Leona, Estados Unidos y Uruguay, los gobiernos se comprometen a tomar medidas para evitar la entrada a sus puertos de pescado capturado de forma ilícita, entrando este al mercado internacional.
Las medidas del Estado rector del puerto son consideradas una de las más eficaces formas de combatir la pesca ilícita, además de que existan la vigilancia de los Estados de sus barcos que navegan en alta mar.
"Estamos ante un logro histórico. Ya no dependeremos tan solo de la habilidad de las naciones pesqueras para supervisar la conducta de los navíos que operan bajo su bandera en aguas internacionales. Ahora los países se han comprometido a tomar medidas para identificar, informar y negar el acceso a los infractores a los puertos en que amarran las flotas pesqueras", aseguró el director general adjunto del departamento de pesca de la FAO, Ichiro Nomura.
Entre esas medidas se encuentra las más importantes, las llevadas a cabo por los Estados rectores de los puertos como las inspecciones regulares de la documentación de la embarcación, los aparejos de pesca y capturas que carguen. En el caso que a una embarcación se le niegue el acceso, deben difundir esa información públicamente y las autoridades del país del que esté el navío bajo bandera deberán tomar las pertinentes medidas.
Para conseguir todo esto, los puertos deben contar con el equipo adecuado y que los inspectores estén bien formados. Esto beneficia a los países en desarrollo a los que les es más costoso combatir la pesca ilegal en alta mar por las extensas zonas oceánicas que controlar y los precios de la tecnología necesaria para ello.
Los Estados firmantes del acuerdo están obligados a su cumplimiento de forma regular y están convocados a una revisión a fondo de las actuaciones cuatro años después de la entrada en vigor de este acuerdo.
