Pide la colaboración del Ministerio Fiscal, el CGPJ, Policía y Guardia Civil para acordarlos
MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) consideró este viernes que la nueva Ley de Seguridad Aérea, que modifica la Ley de 2003, ha dejado "muchos aspectos por resolver" en materia de investigación de accidentes aéreos, ya que remite a protocolos de coordinación entre las autoridades competentes en la investigación técnica y las autoridades judiciales, que "todavía están por desarrollar".
Por ello, la presidenta de la CIAIAC, Rosa Arnaldo, mostró su disposición a colaborar con el Ministerio Fiscal y a desarrollar incluso acciones formativas de cara a poder negociar y establecer dichos protocolos, ante la necesidad de cooperar y compartir cierta información, e introducir mayores garantías al sistema.
Para acordar estos protocolos, la Comisión ve necesaria la participación del Estado, a través del Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Policía y Guardia Civil. Solo así se podrán realizar pruebas periciales susceptibles de ser utilizadas como prueba en una investigación judicial, lo que tiene un coste, al margen de la pertinente investigación técnica.
"La protección de la información, que permite acceder a los datos sobre incidentes y accidentes, no tiene por propósito interferir en la administración de la justicia, pero el reto del Estado es generar leyes que permitan ambas cosas", señaló durante su intervención en el seminario 'Información de Seguridad: Cooperación entre la Aviación y las Autoridades Judiciales', que desde ayer se celebra en el Congreso de los Diputados.
Arnaldo recordó que la investigación técnica tiene "como único objetivo la prevención y nunca determinar ni la responsabilidad ni culpabilidades", si bien "nada" de este proceso debe impedir que otras investigaciones se lleven a cabo.
"La investigación técnica no está sujeta a las garantías procesales y el uso de la información y del informe que se emita para cualquier otro fin que no sea el de la prevención puede llevar a errores y a actuaciones erróneas", advirtió.
En esta línea, María Jesús Guerrero, vocal de la CIAIAC y jurista especialista en transporte aéreo, hizo hincapié en la necesidad de establecer un régimen jurídico adecuado que permita mejorar la seguridad aérea.
La reciente modificación de la Ley de Seguridad, que entró en vigor el 6 de marzo, supone "un paso más" hacia la protección de la información pero la diferencia de matices entre la normativa europea y la española "puede llevar a conflictos con importantes repercusiones en la práctica", explicó Guerrero.
"En nuestra regulación todo está pendiente de lo que se disponga en los protocolos de coordinación que las autoridades de investigación técnica puedan llegar a firmar con las autoridades judiciales. Por eso, lanzamos un balón al aire para que dichos protocolos se acuerden entre todos", insistió.
SALAS ESPECÍFICAS PARA ACCIDENTES AÉREOS.
Sobre la posibilidad de que se habiliten salas especializadas para las investigaciones de accidentes aéreos, Arnaldo reconoció la dificultad de afrontar en una investigación judicial datos técnicos y específicos, que requieren además de tecnología y conocimientos, por ello ve con buenos ojos que se dote de personas especializadas a una investigación judicial que permita aprovechar su experiencia.
La presidenta de la CIAIAC reconoció que a día de hoy la utilización correcta del informe de una investigación técnica "no está garantizada" y denunció que en muchas ocasiones se utiliza en procesos civiles y administrativos, pese a que dichos informes no tienen en cuenta las normas ni las garantías procesales pertinentes y, como tal, sus recomendaciones no son vinculantes ni obligatorias.
La nueva normativa europea sí obliga a realizar un seguimiento en un plazo determinado sobre la implementación de las recomendaciones, en coordinación con la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), pero corresponde a quien van dirigidas establecer los procedimientos adecuados para incluirlas o, en el caso de no hacerlo, justificar su decisión.
En cuanto a la atención a las víctimas de accidentes, a la pregunta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 de Spanair, Arnaldo afirmó que el desarrollo de un programa de atención a las víctimas similar al que se dispone en EE.UU. está sobre la mesa de las autoridades. "Otra cosa es cómo se vaya a desarrollar", apuntó.
Según explicó, en España la nueva normativa obliga a que las compañías dispongan de estos planes, si bien los aspectos prácticos de su aplicación no están aún desarrollados.
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