VALLADOLID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
UPA Castilla y León urge al Ministerio de Agricultura a que resuelva el problema que se genera por la convergencia obligatoria de los derechos de pago básico de la Política Agrícola Común (PAC), y que solo en el sector ganadero afectaría en torno a 12.000 profesionales de la Comunidad.
El inicio para la aplicación de la nueva reforma de la PAC debería comenzar en 2023, si bien UPA explica que en España se ha decidido que se anticipe dos años, realizando una conversión de derechos en la que los agricultores y ganaderos de esta región están viendo modificado desde este mismo año el importe de ayudas que venían recibiendo hasta ahora.
El objetivo de esta medida, que es hacer una aproximación de ayudas hacia la media de la región productiva, supone que los productores que perciban importes superiores a la media de su región tendrán una disminución de los importes que perciben en concepto PAC.
UPA en Castilla y León estima que las explotaciones más afectadas con esta convergencia podrían ser las de agricultura de regadío (remolacha, maíz), en la que estima unas pérdidas de entre el 10-15% del valor de los derechos, y las ganaderías de intensivo, en la que calcula unas pérdidas de entre el 15-20 % del valor de los derechos.
Conosidera que, particularmente, se verán muy afectados los ganaderos de vacuno extensivo, que sin una gran base territorial tienen derechos de gran valor por el acoplamiento que en su día se hizo de las ayudas a las cabezas de ganado.
Especial incidencia negativa tendrá la convergencia para las ganaderías de ovino-caprino que en un principio con una prima por cabeza pasaron posteriormente a tener poca base territorial en las últimas reformas.
Desde el punto de vista autonómico, UPA augura que esta convergencia de derechos va a suponer una pérdida de ayudas para los profesionales de Castilla y León que se irán a otras comunidades autónomas de la misma región productiva.
UPA Castilla y León considera que lo más razonable habría sido que en estos dos años (2021 y 2022) y hasta el 2023 (inicio de la reforma como tal) desde el Ministerio de Agricultura y comunidades autónomas se hubiera analizado la casuística particular para no perjudicar a profesionales de explotaciones familiares, que además están muy tocados económicamente por la situación actual de crisis.
A día de hoy UPA CyL apunta como solución una modificación del Decreto que tenga en cuenta la situación de los que continúan con las mismas actividades para que así se les compense esa pérdida de renta que puedan tener por la convergencia, y el instrumento más adecuado, a su juicio, son las ayudas acopladas.
Insiste en una de sus reivindicaciones para esta nueva reforma de la PAC, y es la priorización de las ayudas a los agricultores y ganaderos profesionales con la figura del 'agricultor-ganadero genuino plus', donde se podría compensar las pérdidas que sufrirán aquellos profesionales agrarios con la nueva reforma agraria.
