SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, que supone la modificación de 21 leyes y de seis decretos e incluye un centenar de medidas, entre simplificación de procedimientos, eliminación de barreras o modificación de tasas, en ámbitos como el turismo, el comercio, la salud, la industria agroalimentaria, la pesca, el medio ambiente, el urbanismo, la energía, los servicios sociales y los de carácter audiovisual.
Esta reforma legal, coordinada por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, se enmarca en el Plan para la Mejora de la Regulación Económica impulsado por la Junta en esta legislatura, que tiene como finalidad atraer inversiones y facilitar el acceso a la actividad productiva a emprendedores y empresas, simplificando y proporcionando seguridad jurídica, agilidad y una regulación más eficiente.
Así lo han expresado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín; el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, y el consejero de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, Rogelio Velasco. También han comparecido en relación con este decreto los consejeros de Hacienda, Juan Bravo; de Agricultura, Carmen Crespo, y de Fomento, Marifrán Carazo.
Para el Gobierno andaluz, la generación de normas eficientes y trámites simplificados y la existencia de instituciones eficaces se convierten en un factor central del buen funcionamiento de la actividad productiva, y por tanto, del desarrollo. De ahí que haya considerado prioritaria la mejora de la regulación, teniendo en cuenta que Andalucía presenta desde hace años importantes debilidades en la materia, debido a que han existido leyes que condicionan la competitividad del tejido productivo andaluz y que suponen un freno al emprendimiento, a la inversión y a la creación de empleo.
Según las estimaciones de la Junta, acercarse a la media europea en cuanto a nivel regulatorio, que es lo que se pretende con el nuevo decreto, puede elevar el PIB per cápita alrededor de un 2,5% en un plazo de entre cinco y diez años.
El consejero de la Presidencia ha indicado que las premisas del Gobierno andaluz son "menos impuestos, menos trabas para las familias y para los emprendedores, más libertad y más seguridad jurídica": "Estamos comprometidos con construir una autovía para la inversión en Andalucía y hoy damos un paso importante".
La Junta ha destacado que para la elaboración de este importante decreto ley, que nace con todas las "garantías jurídicas", se ha hablado con los sectores implicados o afectados por algunas de las normas que se modifican, como representantes de la industria, del medio ambiente, o de los empresarios.
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL DECRETO LEY
El decreto ley recoge la modificación de la Ley de 2007 de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía para reforzar el papel de la Agencia de Defensa de la Competencia, que pasa a denominarse Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica.
En materia de comercio, se revisa la Ley de Comercio Interior de Andalucía de 2012 y el decreto de 2014 encargado de regular la declaración de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT), con el fin de flexibilizar y adaptar la oferta a la creciente demanda generada por la industria turística de la región, que en 2019 registró la visita de más de doce millones de turistas.
En relación al área turística, competencia de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, se han eliminado de la Ley del Turismo determinadas barreras normativas que dificultaban el desarrollo de la actividad económica en el sector.
Asimismo, se deroga la declaración de los proyectos de campos de golf como interés turístico, eliminando así una figura que la experiencia ha demostrado ineficaz y, a la vez, lograría una mejor adecuación al principio de autonomía local consagrado en la CE.
Por parte de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, se ha llevado a cabo una modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía, que responde a la necesidad de favorecer la flexibilidad y la consolidación del sector de la comunicación audiovisual. Así, se elimina la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación local.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible modifica ocho leyes y una disposición reglamentaria a fin de beneficiar al sector agroalimentario andaluz, facilitar la participación en la lucha contra el cambio climático y favorecer la economía circular, principalmente en el ámbito rural, con iniciativas que hagan de la gestión de residuos una oportunidad de desarrollo y empleo.
De otro lado, el decreto incluye cuatro modificaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) . Se sustituye la licencia de obras municipal por la Declaración Responsable para obras menores (escasa entidad constructiva y sencillez técnica) y obras en edificaciones e instalaciones existentes en suelo urbano consolidado, siempre que sean conformes con la ordenación urbanística y no alteren los parámetros de ocupación y altura ni conlleven incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas.
El decreto modifica también la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Se suprime la autorización de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico (otorgada por la Comisión Provincial de Patrimonio) de forma previa a la licencia para obras menores en edificios situados en el entorno de los bienes declarados de interés cultural (centros históricos), siempre que el edificio para el que se solicita licencia no esté incluido individualmente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico.
La Consejería de Hacienda modifica, en materia energética, el artículo 3 del Decreto Ley de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías renovables en Andalucía, con el fin de establecer un criterio de madurez en los proyectos de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables no acogidas a los regímenes retributivos específicos.*
