No se ha conseguido la reforma de la Constitución ni la de los medios de comunicación mientras prosiguen las diversas acusaciones mutuas
MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El 11 de febrero de 2009, con casi siete millones de zimbabuenses dependientes de asistencia alimentaria y con una epidemia de cólera que terminó con la vida de más de 4.000 personas e infectó a otras 100.000 en todo el país, los antiguos rivales políticos y actuales presidente, Robert Mugabe, y primer ministro, Morgan Tsvangirai, acordaron formar un Gobierno de unidad nacional con la esperanza de dar respuesta a los múltiples problemas económicos y sociales. Desde entonces, han acordado poco más, y la situación no ha mejorado prácticamente.
El acuerdo, facilitado por el ex presidente sudafricano Thabo Mbeki y garantizado por la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC), se vendió como un nuevo comienzo para esta nación antiguamente próspera, pero en realidad sólo trasladó la enemistad en las calles al Consejo de Ministros, según la agencia de noticias humanitarias de la ONU, IRIN. Las peleas constantes se han convertido en el orden del día, y la pobreza y la inseguridad alimentaria son la compañía constante de este país.
Mugabe, que ha gobernando Zimbabue desde la independencia de Reino Unido en 1980 y lidera el partido ZANU-PF, consiguió retener la presidencia tras el acuerdo. Tsvangirai, líder del Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), fue nombrado primer ministro. Arthur Mutambara, líder de una facción escindida del MDC, se convirtió en viceprimer ministro.
Tsvangirai asegura que Mugabe no está cumpliendo el Acuerdo Político Global firmado en septiembre de 2008 y que constituye la base del Gobierno de unidad. Por su parte, Mugabe nombró unilateralmente a sus leales del ZANU-PF como fiscal general y gobernador del Banco de la Reserva, y rechazó nombrar a cinco gobernadores provinciales del MDC.
También rechazó tomar juramento al tesorero del MDC, Roy Bennett, como viceministro de Agricultura. Bennett permanece atrapado en una larga batalla judicial en la que se han presentado --y luego retirado-- una variedad de cargos contra él, incluidas las acusaciones de sedición y conspiración para asesinar a Mugabe.
EL PROBLEMA DE LAS SANCIONES
Por su parte, Mugabe asegura que Tsvangirai ha fracasado a la hora de persuadir a Estados Unidos y a la Unión Europea para que retiren las sanciones que pesan contra él y contra otros 200 miembros de su partido.
El ministro de Justicia, Patrick Chinamasa, aseguró después de una reciente reunión del órgano directivo del partido, que no habría concesiones del ZANU-PF hasta que "Tsvangirai y sus aliados occidentales eliminen sus sanciones para que los niños puedan ir a la escuela, los enfermos puedan ser atendidos en los hospitales, la gente pueda encontrar trabajos y los agricultores producir".
Tsvangirai ha afirmado en repetidas ocasiones que la decisión de retirar las sanciones estadounidenses y europeas, que incluyen restricciones de viaje y la congelación de cuentas bancarias bajo su jurisdicción, sólo la puede tomar aquellas personas que las impusieron.
El MDC consiguió la mayoría parlamentaria en las elecciones de 2008, pero Mugabe consiguió la victoria en la segunda vuelta de unos comicios presidenciales a la que no se presentó ningún candidato opositor, ya que Tsvangirai se retiró como protesta por la violencia política contra sus seguidores. Esta segunda vuelta fue declarada injusta y fraudulenta. Además, el ZANU-PF ha sido acusado de proseguir desde entonces con la violencia y la intimidación.
POLÉMICA REFORMA DE LA TIERRA
En el año 2000, Mugabe comenzó un programa de reforma de la tierra, según el cual los terrenos cuyos propietarios fuesen blancos serían incautados y redistribuidos a los negros sin tierra. Este programa caótico llevó al colapso del sector agrícola y contribuyó a la profunda escasez de alimentos en Zimbabue durante la mayor parte de la pasada década.
"Dos de las disposiciones claves del acuerdo político son que debería haber una auditoría de la tierra para conseguir un saneamiento y ordenar la industria agrícola, pero sigue habiendo invasiones y trastornos en las granjas", aseguró el vicesecretario de organización del MDC, Morgan Komichi.
Hay también acusaciones persistentes de que los terrenos se están dando a miembros importantes del ZANU-PF y a oficiales de alto rango de los servicios de seguridad. "Probablemente los que tienen más de una granja están detrás del caos, ya que han violado el principio de 'una persona, una granja'", indicó Komichi.
"Otra disposición clave es el proceso por el cual se está reformando la Constitución, un proceso que ha vuelto a quedar paralizado . El ZANU-PF teme que una nueva Constitución los haga perder poder, nosotros creemos que una nueva Carta Magna forma parte de una agenda para democratizar el país", prosiguió este responsable del MDC.
El Gobierno de unidad terminó con la hiperinflación, que se medía en trillones por ciento, mediante la eliminación del dólar zimbabuense y permitiendo la entrada del dólar estadounidense, el rand sudafricano y la moneda de Botsuana como divisas.
Después de un año, "aparte de los cambios de maquillaje que se puedan ver y una ligera mejora en términos de disponibilidad de suministros, no tenemos moneda propia", señaló el secretario general del Congreso de los Sindicatos de Zimbabue, Wellington Chibhebhe, que dirige la mayor federación laboral del país.
"Lo que significa esta situación es que sólo unos pocos pueden permitirse comprar suministros, que es el motivo por el cual la fuerza de trabajo de nuestro país está en huelga. Hay gente ahí fuera que nunca ha manejado una cuenta de 20 dólares, mientras nuestras industrias siguen sin revitalizarse, por lo que somos una economía de supermercado donde los bienes se traen de Sudáfrica", aseguró.
"Los dos principales partidos políticos se han beneficiado inmensamente de este matrimonio de conveniencia. El Gobierno de unidad ayudó a resucitar al ZANU-PF, que estaba a punto de extinguirse, mientras que el MDC se ha beneficiado de la visibilidad que le supone formar parte de la Administración, algo que se le ha negado en el pasado", prosiguió Chibhebhe.
HUELGA INDEFINIDA
En un intento de mejorar la economía, el Gobierno atrajo a los funcionarios de vuelta al trabajo con un sueldo mensual de 100 dólares estadounidenses, un salario que ha crecido proporcionalmente a lo largo del año hasta llegar a los 160. Pero los funcionarios comenzaron este mes una huelga nacional indefinida pidiendo un sueldo de 500 dólares a lo que se les ha respondido ofreciendo un incremento de 17 dólares.
"Se nos ha dicho que seamos pacientes por la crisis económica", indicó el secretario general del Sindicato de Profesores del país, Raymond Majongwe. "Estamos cansados de esto, también tenemos facturas, y alquileres y costes de transporte, así que no regresaremos al trabajo hasta que haya cierta seriedad por parte del Gobierno en términos de dar a los trabajadores un sueldo real", afirmó.
Por otro lado, el director de programas de la ONG Coalición para la Crisis en Zimbabue, Pedzisay Ruhanya, hizo un somero análisis de la situación y aseguró que "hay medidas que han tenido éxito, ya que antes de la formación de Gobierno las escuelas y hospitales habían cerrado, y estas instituciones han revivido en parte después".
"Como Gobierno de transición, se debería haber avanzado hacia una nueva cultura democrática con nuevas instituciones, pero esto no ha sucedido. El proceso para reformar la Constitución ha fracasado en todas las oportunidades que se han tenido, no se han emprendido reformas de los medios de comunicación (...) y las fuerzas de seguridad siguen actuando como un brazo guerrillero del ZANU-PF", lamentó.
