El Gobierno propone un sistema de copago a la dependencia con tramos de aportación patrimonial en función de la edad

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha propuesto un sistema de copago a la dependencia con tramos de aportación patrimonial en función de la edad, de tal manera que las personas dependientes que tengan más de 75 años paguen un seis por ciento del patrimonio que tributa, según el texto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales llamado 'Proyecto de Acuerdo sobre Determinación de la Capacidad Económica del Beneficiario, al que ha tenido acceso Europa Press.

El documento, de cinco páginas, fue entregado la semana pasada a las comunidades autónomas, que enviarán sus propuestas y alegaciones el próximo 26 de febrero. Una vez recibidas estas consideraciones, un grupo de trabajo formado por representantes del Gobierno y por algunas comunidades autónomas intentarán llegar a un acuerdo sobre la aportación de cada dependiente por servicio recibido.

El copago, junto con los criterios de calidad de los centros, es un asunto que todavía no ha sido consensuado entre el Ejecutivo y las autonomías tras la puesta en marcha del Sistema de la Dependencia.

En el texto de la propuesta, el Ejecutivo establece que la capacidad económica de la persona se calcule en función de su renta, patrimonio y edad. Así, el Gobierno pretende que la capacidad económica de los solicitantes de entre 65 y 74 años sea la correspondiente a su renta, a la que habrá que sumar un cuatro por ciento del valor de sus bienes.

Del mismo modo, a los beneficiarios de entre 45 y 54 años se les añadirá un tres por ciento del valor de su patrimonio, a los de entre 35 y 44 años un dos por ciento, y a los menores de 35 años un uno por ciento.

LO QUE PAGAN POR SERVICIO

El texto también plantea cuál debe de ser la participación económica de los dependientes en el coste de los servicios. Así, si la capacidad del beneficiario es inferior a 516 euros al año (el Indicador Público de Renta de efectos Múltiples) éste no costeará ningún servicio mientras sigua viviendo en su casa.

En el caso de que la persona dependiente esté en una residencia, su participación económica en el coste de los servicios deberá garantizar que el beneficiario se quede con un mínimo para sus gastos personales. Igualmente, las personas con una capacidad económica alta, no pagarán en ningún caso más del 90 por ciento del servicio.

Por otra parte, el Ejecutivo quiere que, para calcular el dinero que podrán recibir los dependientes en el caso de que no puedan acceder a ningún servicio, si la capacidad económica del beneficiario está por debajo de los 516 euros al mes, éste reciba la prestación económica en su totalidad.

Si la capacidad económica de la persona dependiente es superior a esta cifra, la comunidad autónoma o administración competente establecerá los índices de reducción, sin que en ningún caso la cantidad resultante pueda ser inferior al 50 por ciento de lo establecido.

Hasta el pasado 20 de enero, un total de 236.027 personas han sido valorados por sus comunidades autónomas para determinar su grado de dependencia, de los que cerca de 120.000 han comenzado a recibir los servicios y prestaciones que establece la Ley de Dependencia, según datos oficiales a los que ha tenido acceso Europa Press.