La denuncia por malos tratos es una "complicación añadida" para las inmigrantes víctimas, según abogada de Extranjería

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La abogada miembro de la Comisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Cantabria Ana María Uría afirmó hoy que las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género "lo tienen muy duro para denunciar" porque "muchas veces, más que una liberación, es una complicación añadida ya que podría implicar problemas de supervivencia a largo plazo por perder una fuente de ingresos": la de su pareja.

En una intervención durante el Curso de Formación sobre Violencia de Género organizado en Madrid por el Consejo General de la Abogacía Española, Uría apuntó que si bien "no existe un perfil concreto de mujer inmigrante maltratada", se dan factores de riesgo comunes.

En primer lugar, las mujeres que emigran experimentan el llamado 'Síndrome de Ulises', marcado por un profundo sentimiento de "soledad y fracaso porque normalmente piensan que la vida que les espera en Europa es mucho mejor y todo va a cambiar". Este mal se ve agravado por la situación de "gran desarraigo" y el "estrés mantenido" por las "expectativas depositadas" y la inseguridad e "inestabilidad" en que se encuentran.

"En estas circunstancias podemos comprender que las mujeres inmigrantes soporten situaciones de maltrato, ya que emprender acciones legales contra su pareja añadiría mayor carga emocional y traumática a sus vidas y podrían verlo más que como una liberación, como una complicación añadida que, en algunos casos, conllevaría el rechazo de familiares y amigos, es decir, un nuevo desarraigo", apostilló la experta.

Sin embargo, prosiguió, el hecho de que se incorporan a una sociedad con más libertades que su lugar de origen permite que ellas vayan "tomando conciencia de que existe otra realidad", algo "muy importante porque las mujeres que se rebelan son agentes de cambio para su propia persona pero también agentes de cambio de su propia cultura".

PROCESO DE INDEPENDENCIA

Según dijo, en el caso de las mujeres africanas, esta transición resulta más complicada dado que, según explicó Uría, en ellas "es mucho más acentuado el grado de sumisión y reclusión en el espacio privado (...) y la violencia que sufren a manos de sus maridos no desaparece en el país de acogida". Además, apostilló, "suelen iniciar su proceso migratorio después de los maridos por reagrupación familiar, lo que las hace tanto legal como económicamente dependientes de ellos".

En este sentido, denunció que al figurar como "persona dependiente" del marido, la mujer no podrá obtener un permiso de trabajo hasta pasados dos años de residencia con él. "Aquí no cabe la prevención", dijo Uría, para después señalar que "incluso con sentencia de separación y orden de alejamiento", no se concede a la víctima un permiso de trabajo si no ha cumplido el plazo estipulado de residencia en España.

Respecto a las mujeres latinoamericanas, la abogado recordó que el 41% de ellas sufre violencia emocional en su país y provienen de "sociedades donde (...) a los hombres se les exige ser macho". Inician entonces el proceso migratorio "encontrando una independencia económica inédita en un proceso de empoderamiento que no tiene vuelta atrás", pero que "es incompleto" por el elevado porcentaje de ingresos que envían a su país de origen y porque "sus nichos de ocupaciones profesionales no las promocionan como personas".

Por último, Uría se refirió a las mujeres marroquíes, cuyo proceso de integración definió como "complejo", dado que pueden enfrentarse de tres maneras a la emigración: mediante una "denuncia latente de la situación vivida en Marruecos", con un "proceso de secularización" reivindicando sus derechos o vía "transgresión", rompiendo con la tradición alauita.