El Parlamento insta al Gobierno a atender presencialmente a personas mayores y con discapacidad en servicios esenciales

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo insta al Gobierno a garantizar, en todos los servicios públicos esenciales, una atención presencial obligatoria y accesible, especialmente dirigida a personas mayores, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad digital.

Así lo reclama la Comisión Mixta al Ejecutivo a través de una iniciativa presentada por el PP, aprobada este martes con 19 votos a favor de los 'populares' y Vox, y 13 abstenciones de PSOE, Sumar y el PNV.

También insta a promover, en coordinación con comunidades autónomas y entidades locales, medidas de accesibilidad administrativa que faciliten la atención a personas que no utilizan medios digitales en los servicios públicos esenciales.

Por otro lado, propone impulsar campañas de alfabetización digital adaptada a personas mayores, en colaboración con asociaciones de mayores, universidades populares y servicios sociales municipales.

Además, la Comisión Mixta promoverá ante el Defensor del Pueblo la elaboración de un informe monográfico sobre la exclusión digital en el acceso a servicios públicos, con especial atención al colectivo de personas mayores, que incluya recomendaciones concretas.

SIN RECURSOS O DISPOSITIVOS

Según el texto aprobado, recogido por Europa Press, "una parte significativa de ciudadanos, especialmente las personas mayores, se ven excluidas de forma sistemática del acceso a derechos básicos y servicios públicos esenciales por no contar con las habilidades, recursos o dispositivos necesarios para interactuar en entornos digitales".

En este sentido, argumenta que "informes del propio Defensor del Pueblo han alertado sobre la 'digitalización sin alternativa', que imposibilita a muchas personas mayores realizar trámites como solicitar una cita médica, renovar su DNI, gestionar pensiones o acceder a ayudas sociales". "Esta situación se agrava en entornos rurales, donde el acceso a internet o a oficinas presenciales es limitado", añade.

Asimismo, señala que el artículo 9.2 de la Constitución Española establece el deber de los poderes públicos de remover los obstáculos que impidan o dificulten la participación plena de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. "La exclusión digital de las personas mayores supone una vulneración indirecta de ese principio, así como del derecho a la igualdad y a la dignidad humana", agrega.

"Por tanto, es imprescindible garantizar una presencialidad mínima obligatoria en los servicios esenciales y promover políticas activas de accesibilidad administrativa universal, asegurando que ninguna persona quede atrás en el acceso a sus derechos fundamentales por razones tecnológicas", concluye.