LONDRES, 8 May. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) exigió hoy a la Junta Militar de Birmania que abra sus fronteras a los trabajadores de las organizaciones humanitarias y garantice que las ayudas llegan a las víctimas del ciclón 'Nargis' "en función de las necesidades y sin discriminación alguna". Asimismo, advirtió a las autoridades de que no deben aprovechar la crisis para "reprimir a grupos de la oposición o debilitar el apoyo que reciben".
"La excesiva duración y complejidad de los trámites burocráticos oficiales para la concesión de visados está costando vidas, mientras que algunos donantes están demorando el envío de ayuda por temor a que sea desviada al Ejército", declaró Benjamin Zawacki, investigador sobre Birmania de Amnistía Internacional. "El Gobierno debe proporcionar inmediatamente acceso y garantías a los trabajadores de las organizaciones internacionales de ayuda", añadió.
En este sentido, Amnistía Internacional pidió al Gobierno de Birmania que suavice las restricciones para la concesión de visados y los trámites aduaneros que han obstaculizado el acceso de los trabajadores de las organizaciones internacionales de ayuda en los últimos días y ralentizado la entrega de una ayuda que hace falta con urgencia.
Según la organización, aunque ya ha llegado ayuda internacional a Rangún, el Gobierno no ha movilizado aún el enorme esfuerzo logístico necesario para proporcionar asistencia a las poblaciones más afectadas.
ABUSOS DE DERECHOS HUMANOS
La organización llamó también la atención sobre el riesgo de que las autoridades aprovechen la crisis para violar los Derechos Humanos de la población y advirtió, en ese sentido, contra el uso excesivo de la fuerza contra las poblaciones desplazadas o contra el reasentamiento forzoso de la población "con el fin de reprimir a grupos de la oposición o debilitar el apoyo que reciben".
Según Amnistía, "la experiencia después de otras catástrofes naturales de esta escala, como el 'tsunami' que afectó al océano Índico en 2004, demuestra que la protección de los Derechos Humanos es esencial para que la ayuda humanitaria sea eficaz y la recuperación sostenible". "Los Derechos Humanos corren máximo peligro en las situaciones de crisis y emergencia", afirmó Benjamin Zawacki.
"El Gobierno debe prestar la ayuda en función de las necesidades, sin discriminación alguna basada en la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición de los destinatarios", aseveró AI. "En las situaciones generadas tras una catástrofe, las mujeres son especialmente vulnerables a la violencia sexual y a menudo reciben menos ayuda", añadió.
El Gobierno de Birmania "debe garantizar asimismo que los cerca de un millón de personas que se cree han sido desplazadas por el ciclón reciben con carácter urgente la rehabilitación y la asistencia necesarias, incluidos alojamiento, comida, agua y atención médica básicos", manifestó Amnistía. "Dados los antecedentes del Gobierno en el reasentamiento de sus conciudadanos, Amnistía Internacional pide a las autoridades que eviten el uso de la fuerza excesiva contra poblaciones desplazadas lógicamente angustiadas", advirtió.
"Teniendo en cuenta el historial de corrupción y conducta abusiva del Gobierno de Birmania", Amnistía expresó también su preocupación por la posibilidad de que haga "un uso incorrecto de los esfuerzos de la ayuda para reasentar por la fuerza a la población con el fin de reprimir a grupos de la oposición o debilitar el apoyo que reciben".
"Todo reasentamiento de personas desplazadas internas desde campos o zonas afectadas por la catástrofe debe ser voluntario, salvo que la seguridad y la salud de los afectados exijan la evacuación", advirtió AI. "No se debe coaccionar a los afectados en modo alguno, como por ejemplo mediante la suspensión de la ayuda", prosiguió.
Aparte, "debe respetarse el derecho de las personas desplazadas internas a retornar voluntariamente a sus hogares o tierras de procedencia sin riesgo y con dignidad, y las autoridades deben ayudarlas a retornar o a reasentarlas en otra parte del país", manifestó.
