MÁLAGA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La organización Andalucía Acoge ha interpuesto recurso contra un auto dictado por el Juzgado de Motril, que ordena la reclusión de una familia con un hijo menor en el Centro de Internamiento de Capuchinos (Málaga), por considerar que se han cometido irregularidades "graves" en la fundamentación del mismo.
El abogado de esta organización, José Luis Rodríguez Candela, afirmó que se violan todos los requisitos legales con la orden de internamiento de un menor en estos centros que, por otro lado, "carecen de las condiciones adecuadas para la estancia de niños".
Además, se denunció otras "anomalías" en la decisión judicial, como las referencias a artículos derogados de la Ley de Extranjería y su Reglamento en la fundamentación del auto, el uso de la figura del auto colectivo para la privación de libertad donde no se analizan las circunstancias personales, o la justificación del internamiento por estancia irregular "cuando lo correcto según la Ley hubiera sido un expediente de devolución, ya que los inmigrantes fueron detenidos en alta mar", subrayó el letrado.
"A todos estos despropósitos, se une la dilación a la hora de pasar a disposición judicial, pues la familia llega a la costa de Motril a bordo de una patera el viernes 30 de enero y no son puestos a disposición judicial hasta el lunes 2 de febrero", criticó Rodríguez, que añadió que "la situación se ve agravada" por la presencia en el centro del menor, de poco más de un año de edad, "pues según la Ley, para que un menor sea internado con sus padres es necesario un informe favorable del Ministerio Fiscal y la existencia en el centro de un módulo que garantice la unidad e intimidad familiar, requisitos que no se han cumplido en este caso".
Además, indicó que "la familia proviene de Sudán, un país con un grave conflicto bélico, por lo que su devolución sería un hecho intolerable".
Por todo ello, además de la presentación del recurso de reforma contra el auto, Andalucía Acoge ha elevado una queja al Defensor del Pueblo solicitando la puesta en libertad de esta familia, así como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denunciando la actuación del juez en este caso tanto por dilación como por el uso de preceptos ya desfasados.
