TARRAGONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
Greenpeace y Ecologistas en Acción anunciaron este martes la presentación de una denuncia ante la Fiscalía por la liberación de radiactividad al medio ambiente provocada por la central nuclear Ascó I (Tarragona), en la que se pide una investigación sobre el suceso y el inicio de acciones penales al respecto.
Asimismo, las organizaciones ecologistas han enviado un escrito a la Comisión Europea (CE) acogiéndose a los artículos 35, 36 y 37 del Tratado de Euratom, pertenecientes al capítulo de Protección Sanitaria, para pedir su intervención en el análisis de todo lo sucedido.
Greenpeace y Ecologistas en Acción solicitaron también a los servicios de la CE que aclaren si toda la normativa aplicable ha sido adecuadamente respetada por la central nuclear, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y las autoridades españolas.
En la rueda de prensa celebrada en Tarragona, Greenpeace y Ecologistas en Acción analizaron la sucesión de acontecimientos que ha tenido lugar desde el 5 de abril, cuando Greenpeace hizo público que en noviembre de 2007 había habido un escape de radiactividad en Ascó y se había mantenido oculto.
"Es una indecencia que la central haya ocultado la existencia del escape durante tanto tiempo y mientras tanto haya permitido la visita de escolares exponiéndoles a un riesgo innecesario", afirmó el coordinador de Energía de Ecologistes en Acció de Catalunya, Eloi Nolla.
Asimismo, el responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, aseguró que resulta "preocupante y sospechoso el prolongado silencio" que mantiene el Ministerio de Industria al respecto de este "grave escape radiactivo al medio ambiente".
Las dos asociaciones exigieron que se aclaren totalmente los hechos y criticaron la "poca información, además de errónea e incompleta", transmitida repetidamente a la sociedad por la central y el CSN, que ha impedido "llegar a conclusiones sobre la causa del accidente y sobre sus consecuencias radiólogicas".
Greenpeace y Ecologistas en Acción exigieron, ante la "incompleta" información proporcionada por la central, que se haga pública la "cantidad real" de radiactividad liberada en este escape y se realice un "análisis riguroso" del posible impacto radiológico en todos los grupos de edad de la población.
Además, pidieron que sea una entidad independiente la que realice estas revisiones y no una empresa privada participada accionarialmente por la propietaria de la central, como está previsto.
Por otra parte, Greenpeace y Ecologistas en Acción destacaron la "falta de rigor" en la información que Protección Civil ha aportado e insistieron en que se hagan públicas las mediciones de la Red de Alerta Radiológica (RAR) desde el mes de noviembre para comprobar su fiabilidad.
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