Madrid exige una mayor financiación del Estado y unos mínimos iguales para todas las autonomías

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, exigió hoy al Estado una mayor financiación para aplicar la Ley de Dependencia en las regiones ya que, hasta ahora, "sólo cubren hasta el 20 por ciento de los costes de dependencia", y pidió "unos mínimos iguales para todas las autonomías", de modo que todas inviertan la misma proporción.

Hidalgo realizó estas declaraciones tras la reunión entre los consejeros de Asuntos Sociales de las 17 comunidades autónomas y la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, para votar el acuerdo sobre determinación de la capacidad económica y sobre los criterios de participación de los usuarios del Sistema de Atención de Ayuda al Dependiente (SAAD), en la que se abstuvieron Madrid, La Rioja, Murcia, Valencia y Castilla y León, todas gobernadas por el PP, junto con Cataluña y Canarias.

Según la consejera, la Administración General del Estado "no cumple con el mandato legal de sufragar el 50 por ciento del coste de cada uno de los servicios del catálogo de la dependencia, por lo que usuarios y comunidades autónomas tienen que financiar más del 75 por ciento del coste de cada servicio".

Respecto al acuerdo de acreditación de centros, la consejera aseguró hoy que la Comunidad de Madrid comparte la necesidad de ahondar en la calidad de los centros y servicios del sistema, pero que el acuerdo "no ofrece criterios de calidad, sino exigencias, fundamentalmente de personal, y adolece no sólo de una memoria económica sino del compromiso de cofinanciación de la Administración General de Estado, en aras al principio de lealtad institucional".

Según la consejera, el artículo 32 de la Ley de Dependencia establece que la financiación del sistema "será suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a las Administraciones Públicas competentes" y la propia memoria económica de la ley aseguraba que la financiación pública sería compartida al 50 por ciento entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Sin embargo, en Atención Residencial el Gobierno central financia "tan sólo entre un 6 y un 15 por ciento del coste de la plaza" en función del grado y nivel de dependencia del usuario, por lo que "debería aportar, al menos, 650 euros cuando sólo aporta entre 100 y 259 euros", señaló.

En cuanto a la ayuda a domicilio, el Estado invierte entre un 18 y un 26 por ciento del coste, "y aunque debería aportar, al menos, 450 euros para un grado III-Nivel 2, sólo aporta 259 euros", indicó Hidalgo, que añadió que el Gobierno central cubre entre un 10 y un 28 por ciento del coste de los Centros de Día, y que "de los 425 euros que debería sufragar como media sólo aportará los 100 y 259 euros del nivel mínimo de protección".

"No se pueden generar unos derechos y luego decir que nos toca pagar a las comunidades autónomas", se quejó la consejera, que afirmó que es un ejercicio de responsabilidad exigir al Gobierno de España que incremente la financiación prevista en los Presupuestos Generales del Estado para la atención y prevención a la dependencia. "Cinco euros diarios por persona no puede ser el compromiso del Gobierno de (José Luis) Rodríguez Zapatero con todas las personas en situación de dependencia", criticó.

COPAGO DIFERENTE POR EL MISMO SERVICIO

Por otro lado, la consejera de Familia y Asuntos Sociales aseguró que la regulación de la participación de los usuarios en el coste de los servicios y de los criterios comunes de acreditación de los centros del SAAD a través de un acuerdo llevará consigo "la creación de 17 modelos diferentes y, por tanto, de 17 copagos diferentes y 17 modelos de acreditación de centros".

"Al articular la determinación de la capacidad económica como un acuerdo de mínimos y no como un Real Decreto, estamos dejando la puerta abierta a que los usuarios copaguen de forma diferente por el mismo servicio y, por tanto, que no se cumpla con lo que nos obliga la Ley", aseguró Hidalgo.

La consejera aseguró que la Ley de Dependencia se aplica en Madrid con mucho trabajo y esfuerzo, "pero se necesita la financiación del Estado". Además señaló que algunos servicios que ofrece la Comunidad, como la atención temprana, aún no están en el catálogo de servicios del Gobierno central.

Por ello, Hidalgo solicitó a la Administración General del Estado que se "implique" en la gestión de la dependencia y que colabore "de forma leal" con las comunidades autónomas para lograr una gestión "más eficiente y eficaz".

Así, en palabras de la consejera, además de solucionar de forma definitiva los problemas informáticos de conexión con el IMSERSO, se hace necesario que la Agencia Tributaria, el Registro Civil, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección General del Catastro, entre otros, "aporten, de forma automatizada, toda la información necesaria a la hora de tramitar los expedientes de dependencia desde cada una de las administraciones autonómicas".