Critican la "autocomplacencia" de la Comunidad de Madrid y dicen que "no todos los grandes dependientes y severos" están atendidos en la región
MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
CC.OO. asegura que ningún dependiente de la Comunidad de Madrid está recibiendo las prestaciones que le corresponden según la Ley de la Dependencia a pesar de que mañana se cumple ya un año desde que se inició su aplicación efectiva.
"Tras un año de vigencia de la Ley de Atención a la Dependencia, la situación en la Comunidad de Madrid se caracteriza por la nula transparencia, el retraso en su desarrollo, la escasez de recursos y la falta de previsión y planificación", reza un informe sobre el 'Desarrollo de la Ley e implantación del sistema en la Comunidad de Madrid' elaborado por el sindicato.
Así, en primer lugar CC.OO. se queja de la "opacidad causada por la falta de datos oficiales con respecto a solicitudes presentadas y valoradas". "Según fuentes no oficiales, las solicitudes presentadas varían entre 12.000 y 15.000, y los valorados entre 6.000 y 9.000", indicó la secretaria de Política Social del sindicato, Ana González.
Sin embargo, los datos del Sistema de Información Centralizado del Sistema de Dependencia (SISAAD) reflejan sólo 1.794 instancias presentadas y 1.572 dictámenes realizados. Estas cifras se elevan a los 105.000 y 62.424 expedientes presentados y resueltos respectivamente en Andalucía; los 10.163 y 7.000 de Valencia; o los 32.528 y 24.749 de Cataluña, siempre según datos sindicales.
"En cualquier caso, hay que tener en cuenta que los datos del SISAAD se refieren a expedientes informatizados y registrados por las comunidades autónomas, por lo que va un poco más lento que la realidad y las cifras no están actualizadas. Aún así, dan cuenta del evidente retraso en Madrid", puntualizó González.
Las cifras son aún peores si atendemos sólo a los grandes dependientes, aquéllos que podían empezar a recibir sus prestaciones desde el primer momento tras la aprobación de la Ley. "Se calcula que en la Comunidad de Madrid hay unos 23.000 grandes dependientes, de los que tan sólo el 5 por ciento han sido calificados", subrayó la sindicalista. El nivel de cobertura en Andalucía es del 143 por ciento, en Castilla-La Mancha es del 72,5 por ciento, y en Valencia es del 31 por ciento. La media nacional se sitúa en torno al 73 por ciento.
Los dependientes severos de nivel II, que tienen derecho a sus prestaciones desde el pasado mes de enero, son unos 15.000 en la región, lo que provoca que "las previsiones realizadas por el Ejecutivo autonómico de que habría que hacer unas 24.000 valoraciones este año quedan ampliamente superadas por la realidad", apostilló González.
Así las cosas, "los madrileños esperan aproximadamente doce meses sólo para la valoración de su dependencia, y a ninguno se le ha hecho aún su Plan Individual de Atención (PIA), para saber qué servicios y prestaciones debe realizar", continuó la sindicalista. Eso "después de que la Comunidad de Madrid fuera la última en aplicar, con siete meses de retraso, la Ley".
FALTAN RECURSOS
Y no se trata sólo de que se hayan calculado a la baja el número de valoraciones que serán necesarias en la región durante este año, sino de que "los recursos destinados a la atención de personas mayores y con discapacidad son claramente insuficientes" a juicio de CC.OO.
"Según datos oficiales de 2005, en la Comunidad de Madrid había ya entonces una lista de espera mínima de plaza residencial de 16.543 personas, de las cuales el 76 por ciento corresponden a dependientes. Hoy podrían llegar a los 18.500", valoró la secretaria de Políticas Sociales. También la Ayuda a Domicilio y la Teleasistencia carecen de los recursos necesarios.
A pesar de ello, "las previsiones presupuestarias son no incrementar la aportación para teleasistencia, que este año tendrá 983.000 usuarios, y crecer sólo un 3 por ciento en la Ayuda a Domicilio, que experimentará un incremento del 24,5 por ciento en número de usuarios, lo que empeorará claramente la calidad del servicio", apuntó la sindicalista, incidiendo en que "actualmente ya no se cubre a toda la población".
En lugar de dotar de más presupuesto a estos servicios, tal y como establece el artículo 14 de la Ley, que se refiere a que "el sistema de atención se debe construir de manera preferente sobre los servicios", la Comunidad "destina el 90 por ciento de los presupuestos de atención a la dependencia, unos 17,6 millones de euros, a transferencias económicas a familias, es decir, cheques", criticó González.
"Dar cheques rompe con la cohesión del sistema, y además no hay mecanismos de control público de qué se hace con ese dinero. Se corre el riesgo de que el derecho a las prestaciones previsto por la Ley no se haga efectivo", denunció la líder de CC.OO., recordando que "la situación será aún más difícil cuando entre el siguiente tramo de dependientes, los moderados".
Y es que la Ley prevé tres tipos de ayudas a los dependientes: los pagos de una especie de sueldo a las personas que cuidan de personas en esta situación; la financiación de servicios específicos para quien los necesite; o las prestaciones vinculantes, es decir, los cheques. Sin embargo, la normativa también hace hincapié en que se eviten estos últimos siempre que se pueda.
UN AÑO PERDIDO
El secretario general de CC.OO. de Madrid, Javier López, criticó ante este panorama que "en la región se ha perdido un año de la aplicación de la Ley", y advirtió del 'tapón' que podría producirse cuando todos los dependientes tengan derecho a percibir sus ayudas.
"Ahora cualquiera puede pedir la valoración, pero sólo los grandes dependientes y los severos de tipo II tiene derecho a las prestaciones", recordó López, añadiendo que "en Madrid se calcula que hay un total de 154.000 dependientes".
A este respecto, la Ley establece que se darán las ayudas de manera retroactiva, pero tal y como González apuntó "que si lo que necesitan son servicios no se podrán cubrir las deficiencias de todo el tiempo que han carecido de ellas porque no se los valoró ni hizo el PIA".
Sobre la falta del decreto de co-pago con el Estado, imprescindible para establecer quién paga qué de estas ayudas, CC.OO. propuso que "mientras se firma se podría aplicar la norma sobre co-pagos ya vigente en la Comunidad de Madrid".
"Podrían aplicarse los criterios regionales de momento y cuando el decreto estatal esté terminado, transponerlos. Además, todas las regiones están en la misma situación y otras ya están dando las ayudas", añadió, concluyendo que "la Comunidad de Madrid lanza discursos autocomplacientes y tiene ataques de autosuficiencia diciendo que los grandes dependientes y los severos están atendidos pero, en definitiva, no es así".
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