MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El PSOE y Esquerra Republicana (ERC) acordaron este martes en el Congreso solicitar al Gobierno el aumento de la financiación prevista para la Ley de Dependencia, por encima incluso de lo aprobado en el último Consejo Interterritorial, así como implantar medidas que permitan la progresiva distribución territorial del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas destinado a fines sociales.
Aprovechando el debate de una moción presentada por ERC que se va a abordar también en la sesión plenaria de mañana, socialistas y republicanos han pactado una enmienda en la que se reclama "aumentar la previsión presupuestaria en la memoria de la ley para garantizar el nivel mínimo de servicios y prestaciones" (aquel que fija una atención básica para todos los dependientes) e "incrementar para el ejercicio 2009 los recursos previstos aprobados en el Consejo Interterritorial para la financiación del nivel acordado con las comunidades autónomas".
Además, en el texto pactado se insta a dicho consejo a estudiar que en los Presupuestos Generales del Estado estén "separadas las partidas destinadas a financiar el nivel mínimo de aquellas otras establecidas para sufragar el nivel acordado con las autonomías".
LO PREVISTO ERA INSUFICIENTE
En declaraciones a Europa Press, el diputado de ERC Joan Tardà aplaudió esta separación porque "hasta ahora el presupuesto del Gobierno para hacer convenios con las comunidades autónomas estaba siendo comido por el nivel mínimo, que necesitaba más dinero" para garantizar las prestaciones básicas a los dependientes. A su juicio, con este pacto "el Gobierno ha reconocido que las partidas destinadas a financiar la norma son insuficientes".
Otro de los puntos acordados entre los dos partidos insta al Ejecutivo a "establecer medidas y criterios que permitan un proceso gradual de distribución territorial entre las comunidades autónomas de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, destinado a fines sociales, con efectos en la próxima convocatoria".
En este sentido, los grupos abogan por la participación de los gobiernos autonómicos "en la gestión que la Administración General del Estado realiza con lo recaudado". "Cataluña es la comunidad en la que más se marca la casilla de fines sociales, pero también es la comunidad en la que menos revierten estas aportaciones al erario público. Después de años de batalla, el Gobierno reconoce que hay que ir a una territorialización para un reparto más justo", aseveró.
Por último, PSOE y ERC piden "trasladar a la Comisión del Pacto de Toledo el debate sobre la situación de las pensiones no contributivas en lo que se refiere al incremento de las mismas, así como a los límites de su capacidad de complementariedad por parte de las comunidades autónomas".