MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los miembros y seguidores del partido ZANU-PF del presidente zimbabuense, Robert Mugabe, cometieron violaciones generalizadas y sistemáticas en 2008 para aterrorizar a la oposición política, según afirmó este jueves la organización AIDS-Free World en un informe en el que señala que estos crímenes contra la Humanidad no han recibido mucha atención social y el Gobierno no ha realizado ningún esfuerzo para juzgar a los responsables.
El informe se basa en entrevistas extensivas con 72 supervivientes y testigos, y documenta 380 violaciones realizadas por 241 personas en las diez provincias del país. Todas las mujeres que sufrieron estos ataques eran seguidoras del Movimiento para el Cambio Democrático (MCD) del actual primer ministro, Morgan Tsvangirai.
"La evidencia es incontrovertible: Mugabe cree que puede sancionar la violación sin miedo a las consecuencias", afirmó el codirector de la organización, Stephen Lewis.
"El ZANU-PF orquestó su campaña de violaciones para aterrorizar y desestabilizar comunidades enteras", afirmó otra de las directoras, Paula Donovan. "La táctica ha funcionado de manera clara: Mugabe es aún presidente", añadió. Algunas mujeres fueron obligadas a presenciar las violaciones de sus hijas y el asesinato de sus maridos u otros familiares antes de ser violadas, y algunas de ellas fueron retenidas como esclavas sexuales en campamentos del ZANU-PF durante más de dos semanas, asegura la organización.
El Gobierno de Zimbabue es consciente de la violencia sexual generalizada contra las mujeres durante este período. De forma similar y como líder del Gobierno, Mugabe podría haber insistido en tratar la campaña de la violación a través de juicios y el Estado de Derecho, y no lo hizo, lamenta la organización. Esta combinación de conocimiento, el rechazo a impedirlo y el fracaso a la hora de castigar la violación como arma política requiere que Mugabe y otros altos cargos sean investigados y juzgados por su responsabilidad criminal individual.
Así, el informe constata que las infraestructuras legales y policiales de este país están seriamente comprometidas para hacer justicia por las violaciones sistemáticas. La mayoría de fiscales, magistrados y jueces es conocida por sus vínculos con el ZANU-PF.
El documento también indica otras vías mediante las que puedan juzgarse estos casos. Así, propone que los comandantes de alto nivel sean juzgados en tribunales de otros países sudafricanos bajo el principio de jurisdicción universal. Sudáfrica, en particular, cuenta con una legislación que implementa el Estatuto de Roma, y si se decidiera así, este país podría juzgar a los autores de crímenes graves.
"La comunidad internacional tiene un papel crucial que jugar. La oficina del fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) debería realizar una investigación preliminar de los delitos sexuales con la posibilidad de abrir una investigación sobre la situación en este país. Además, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos debería llevar a cabo una investigación independiente que culmine en un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos", señala la organización.
