Por cada rebelde desarmado se han registrado la muerte de un civil, la violación de siete mujeres y el desplazamiento de 900 personas
MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
La operación militar 'Kimia II' lanzada el pasado mes de enero por el Gobierno de Kinshasa en el este de la República Democrática del Congo (RDC), con apoyo militar y logístico de los soldados de la misión de la ONU (MONUC), contra los rebeldes hutus ruandeses de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR) está suponiendo "un coste inaceptable" para la población civil, según denunciaron este martes 84 grupos de ayuda humanitaria y de Derechos Humanos congoleños e internacionales agrupados en la Coalición de Apoyo a Congo.
Desde el inicio de las operaciones, en enero de 2009, han muerto más de mil civiles, alrededor de 7.000 mujeres y niñas han sido violadas y más de 6.000 viviendas han sido destruidas, afirmó la coalición en un comunicado. Aparte, cerca de 900.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus casas y viven "en condiciones desesperadas con familias de acogida, en zonas de selva o en campamentos sórdidos para personas desplazadas, con acceso limitado a alimentos y medicamentos", prosiguió.
Según las estadísticas de la ONU, desde que comenzó la operación 1.071 combatientes de las FDLR han entregado las armas y han sido repatriados a Ruanda desde enero. Se estima que la milicia contaba con entre 6.000 y 7.000 combatientes antes de las operaciones, pero, según numerosos testimonios, han reclutado nuevos combatientes para sustituir a los repatriados. Estos datos de la ONU, cotejados con los de la coalición, indican que "por cada combatiente rebelde desarmado en el curso de la operación, ha muerto un civil, han sido violadas siete mujeres y niñas, seis viviendas han sido reducidas a cenizas y 900 personas se han visto obligadas a abandonar sus casas".
Muchos de estos homicidios han sido cometidos por las propias FDLR, que han atacado "deliberadamente a los civiles" en represalia por la ofensiva, que en su primera fase contó con la participación y apoyo directo del Gobierno de Ruanda, aseguró la coalición. No obstante, "los soldados del Gobierno congoleño han atacado también a civiles y han cometido homicidios, violaciones, saqueos, trabajos forzados y detenciones arbitrarias de forma sistemática", prosiguió.
La violencia sexual "ha sido aún más brutal en las zonas afectadas por la operación 'Kimia II', según la coalición. "Hemos constatado más casos de mutilación, de extrema violencia y de tortura durante las violaciones sexuales cometidas contra mujeres y niñas, y una buena parte de las víctimas son menores", declaró Immaculée Birhaheka, de Promotion et Appui aux Initiatives Féminines (PAIF), una de las ONG integradas en la coalición.
Algunos grupos de personas desplazadas en Kivu Norte y Kivu Sur han regresado a sus casas en las zonas relativamente seguras, pero las operaciones en curso han causado nuevos desplazamientos de civiles en los territorios de Masisi, Rutshuru, Lubero, Walikale, Kabare, Kalehe, Walungu, Shabunda y Uvira, en los Kivus, además de en el sur de la provincia de Maniema y en el norte de la de Katanga. Numerosos civiles que recientemente abandonaron los campos de desplazados próximos a Goma (capital de Kivu Norte) siguen vagando por otros campamentos porque tienen miedo de regresar a sus hogares.
LA MONUC
La MONUC está apoyando al Ejército congoleño en 'Kimia II' desde el pasado mes de marzo, al término de la inicial ofensiva conjunta de Ruanda y la RDC contra las FDLR, muchos de cuyos dirigentes participaron en el genocidio ruandés de 1994. Los soldados de la misión de la ONU aportan un apoyo importante a la operación 'Kimia II', mediante la formación estratégica y a través del suministro de transportes terrestres y aéreos, de carburantes, alimentos y ayuda médica a los soldados congoleños con un costo estimado en más de seis millones de dólares.
"A pesar de ese apoyo", lamentó la coalición, "las fuerzas de paz de la ONU no han utilizado su influencia para pedir al Gobierno que impida la participación en las operaciones de comandantes conocidos por su pasado de atrocidades y de atentados contra los Derechos Humanos".
"Con semejante inversión, la ONU tiene influencia y no debería guardar silencio ante los abusos", afirmó Anneke Van Woudenberg, investigadora de Human Rights Watch, otra de las ONG pertenecientes a la coalición. "La ONU debe declarar claramente que si el Gobierno congoleño desea seguir contando con el apoyo militar de los 'cascos azules', el Ejército congoleño deberá apartar de sus puestos de mando a los militares que hayan cometido abusos y poner fin a los ataques de los soldados contra los civiles", agregó.
"Las consecuencias de la operación militar actual en materia humanitaria y de Derechos Humanos son sencillamente desastrosas", declaró Marcel Stoessel, director de Oxfam, también integrada en la coalición. "Los soldados de la fuerza de paz de la ONU, que tienen el mandato de proteger a los civiles, deben actuar urgentemente con las fuerzas gubernamentales para garantizar que los civiles reciben la protección que necesitan; en caso contrario, deben dejar de apoyarles", agregó.
Por todo ello, la coalición ha pedido a los diplomáticos y representantes de la ONU que se reunirán esta semana en Washington para discutir sobre la situación en el este de la RDC y en toda la región, que "tomen medidas inmediatas para reforzar la protección de los civiles". En ese sentido, denunció que "apenas han comenzado a llegar al este del Congo" los 3.000 soldados adicionales para la MONUC cuyo envío fue aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre de 2008. "Todavía no se ha concretado el envío de los helicópteros y del apoyo en materia de información reclamado por los responsables de la ONU", lamentó.
