Aborto.- Un magistrado del Supremo dice que el legislador tiene que "decir algo" sobre la objeción de conciencia

PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo José Manuel Maza afirmó hoy que "el legislador que está elaborando la ley del aborto tiene una gravísima responsabilidad de cara a toda la sociedad, a las mujeres que opten por abortar y a los médicos que tienen que practicar el aborto, de decir algo" en torno a la objeción de conciencia.

"Yo no digo que diga que admite la objeción de conciencia. Que diga que no la admite. Que lo diga en la ley y se dotaría de seguridad jurídica", dijo, para explicar que, en esta situación, "un grupo político o un médico podrán plantear una cuestión de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional responderá, por lo que habrá seguridad jurídica".

Maza se pronunció así en Pamplona durante su participación en una edición de los 'Desayunos con salud', organizados por el Gobierno de Navarra para tratar la objeción de conciencia en el ámbito sanitario. En la jornada de hoy participaron, además del magistrado del Supremo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández, y la consejera de Salud, María Kutz.

Maza afirmó, preguntado sobre el hecho de que en la Comunidad foral no se practican abortos dado que todos los facultativos objetan, que "si en Navarra todos los médicos se niegan, eso obliga al legislador a buscar la seguridad jurídica y a proteger los derechos de unos y de otros, del derecho de quien quiere abortar y del derecho de quien tiene que intervenir como facultativo".

"El legislador tiene una muy seria obligación de decir algo, algo que después se pueda discutir y aclarar ante el Tribunal Constitucional", afirmó, para añadir que "el legislador no puede hacerse el loco y no entrar porque eso le plantea un conflicto". "Quienes votan en el Parlamento y ostentan nuestra soberanía, tomen una decisión", demandó.

El magistrado del Supremo reconoció que en este ámbito "hay posturas enfrentadas muy claras y no está clara ni una ni otra". "Es un tema que oye razones de unos y otros de mucho peso. Obligar a un facultativo a intervenir es muy complicado, y no digamos ya si es católico y tiene el tema de la excomunión de por medio", agregó.

Además, José Manuel Maza señaló que "hoy por hoy lo que ha dicho el Tribunal Constitucional sobre los médicos y el aborto, en una sentencia de 1985, es que es un caso claro de objeción de conciencia que hay que respetar". "Lo dijo en 1985 y luego, a propósito de otros temas, se ha desdicho de lo que dijo, pero a mi juicio siguen vigentes para el aborto los argumentos que se dieron", afirmó.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández, afirmó que "posiblemente lo más práctico sería que el legislador contemplase el problema, que hiciera una mención y que eximiese del cumplimiento de este deber a aquellos que deseen hacer uso de la objeción de conciencia, sin perjuicio de que exista el derecho de las mujeres que quieran interrumpir el embarazo dentro de los límites que marque el legislador".

El presidente del TSJN consideró que "ésta es la solución más respetuosa con las razones de orden público, que son el límite del ejercicio de los derechos y en este caso su ejercicio efectivo por parte de los profesionales sanitarios".

Finalmente, la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, María Kutz, explicó la situación de la Comunidad foral, para señalar que "la sanidad pública envía a otras comunidades a las personas que quieran realizar una interrupción voluntaria del embarazo", algo que también ocurre en otras Comunidades Autónomas y para otro tipo de casos, según precisó.

"Esto está perfectamente garantizado dentro de lo que son las prestaciones de una cartera de servicios que es básica y común para todas las Comunidades españolas. Luego cada Comunidad pone sus prestaciones", dijo.

Además, María Kutz apuntó que "es algo relativamente frecuente que haya centros especializados en las diferentes comunidades y se pueda enviar allí a los pacientes y siempre el coste es para el Servicio Navarro de Salud".