CICR suspende sus operaciones a causa de las restricciones del Gobierno y las ONG denuncian la detención de activistas
MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
La Coalición de Organizaciones No Gubernamentales contra el Reclutamiento de Niños Soldado ha acusado a un grupo paramilitar aliado del Gobierno de Sri Lanka de haber secuestrado a varios menores de edad tamiles en los campamentos de desplazados con el objetivo de chantajear a sus familias o de interrogarlos sobre sus vínculos con los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE).
Estos secuestros, según la coalición, se habrían cometido con el consentimiento del Gobierno central. "En la zona de Vavuniya, los grupos paramilitares aliados del Gobierno central han tenido libre acceso a los campamentos", afirmó la coalición en un comunicado.
"El secuestro de niños, de doce años de edad o incluso más pequeños, se está utilizando como forma de chantaje en los enfrentamientos entre familias", prosiguió. En otros casos, añadió, "se está capturando a menores supuestamente aliados del LTTE para interrogarlos o para que revelen sus vínculos con los Tigres".
A pesar de los llamamientos de Naciones Unidas, el Gobierno de Colombo sigue bloqueando el acceso de las organizaciones humanitarias a los civiles retenidos en la zona de los combates, que concluyeron este pasado fin de semana con la derrota definitiva de los Tigres Tamiles después de un cuarto de siglo de guerra civil.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha anunciado la interrupción temporal de sus labores de asistencia en el campamento de desplazados de Vavuniya, que con 130.000 personas es el más importante del noreste del país. La interrupción, precisó la portavoz de la organización, Monica Zanarelli, se debe a las continuas restricciones que imponen las autoridades.
DETENCIÓN DE ACTIVISTAS Y COOPERANTES
Por otra parte, las organizaciones de Derechos Humanos han denunciado la detención de activistas y trabajadores humanitarios, un problema que, advirtieron, pone en duda la reconciliación prometida por el presidente, Mahinda Rajapaksa.
Es el caso de Stephen Sunthararaj, del Centro de Derechos Humanos y Desarrollo de Colombo, secuestrado el pasado 7 de mayo por varios hombres con uniforme militar. Fue liberado poco después sin cargos después de permanecer en poder de la Policía, según Amnistía Internacional. Fue nuevamente secuestrado horas más tarde y desde entonces se desconocen tanto su suerte como su paradero.
También preocupa la situación de un empleado gubernamental, Vany Kumar, quien se cree que está detenido y que la semana pasada se ofreció para testificar, con fotografías, sobre los disparos efectuados por la artillería del Ejército contra la llamada Zona de No Combates, por entonces en poder de los Tigres Tamiles.
Mientras tanto, se sigue sin conocer la suerte de tres médicos detenidos el pasado fin de semana por las autoridades bajo la acusación de difundir "falsas informaciones". Los tres facultativos, que habían trabajado en la Zona de No Combates, fueron detenidos por denunciar ante la prensa que el Ejército había bombardeado con artillería pesada zonas altamente pobladas y había causado la muerte de civiles.
Los sectores más críticos han acusado al Gobierno de perseguir a los disidentes y de atacar a la libertad de prensa en nombre de la lucha contra el terrorismo. Para contrarrestar estas críticas, según el diario británico 'The Guardian', Rajapaksa se ha comprometido a celebrar elecciones en el norte de Sri Lanka lo antes posible.
