MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional denunció hoy, con motivo de la celebración el próximo domingo del 'Día Internacional de los Desaparecidos' que la reforma del Código Penal español "no contempla, de momento, la desaparición forzada como delito" y recordó que "mientras miles de casos siguen sin resolverse y otros se denuncian cada año, los gobiernos continúan utilizando esta práctica para acallar la disidencia, eliminar cualquier tipo de oposición política, perseguir a grupos étnicos, religiosos y políticos, y como arma de represión".
En este sentido, destacó que más de 3.000 personas de etnia albanesa desaparecieron a manos de la policía serbia y de las fuerzas paramilitares y militares durante el conflicto armado de Kosovo de 1999 y que más de 1.900 familias "continúan a la espera de saber qué les ocurrió a sus familiares". Además, apuntó que en Chechenia las ONG estiman el secuestro de entre 3.000 y 5.000 personas durante la operación 'antiterrorista' que tuvo lugar en el país.
Por otra parte, alertó de que el número de desapariciones forzadas "aumenta desde 2008", pues las organizaciones hablan de un total de 58 secuestros en el primer cuatrimestre de 2009, frente a los 42 que se registraron a lo largo del año pasado. Según explicó, "en lugares como Pakistán registraron al menos 563 personas detenidas arbitrariamente y sometidas a desaparición forzada en nombre de la guerra contra el terror, una práctica se extendió después a todos los adversarios internos del gobierno".
En lo que respecta a España, la organización valoró "positivamente" que el Gobierno haya realizado los trámites necesarios para la ratificación, a finales de septiembre, de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Sin embargo, demandó "coherencia" en iniciativas legislativas como la actual reforma del Código Penal.
En esta línea, recomendó que se incluya el delito de desaparición forzada de personas dentro del título de los 'delitos contra la comunidad internacional' y que se defina "conforme a las exigencias del derecho internacional". La organización ya lamentó, tras la aprobación en diciembre de 2007 de la Ley de Memoria Histórica, que dicho texto "dejase al margen a víctimas de graves crímenes de derecho internacional, como las víctimas de ejecuciones extrajudiciales o de torturas durante la Guerra Civil y el franquismo".
No obstante, señaló que, con la iniciativa de protección adoptada en 2006, la comunidad internacional "tiene una nueva herramienta para combatir este problema". Así, subrayó que aunque aún no esté en vigor, "podría suponer un punto de inflexión, ya que obligará a los Estados a proteger a los testigos y a responsabilizar legalmente a toda persona implicada en una desaparición forzada".
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