VALENCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los defensores del pueblo autonómicos intercambiarán en septiembre datos sobre el desarrollo y la aplicación de la Ley de Dependencia en cada una de sus comunidades autónomas --relativos al copago, la calidad y la prevención-- para, después, trasladárselos a la Administración y que ésta "corrija" las situaciones "pertinentes".
Así lo anunció hoy en una rueda de prensa la defensora asturiana, María Antonia Fernández, tras reunirse con algunos defensores autonómicos y con la Síndica de Greuges en la Comunitat Valenciana, Emilia Caballero, para preparar las jornadas de coordinación, que este año se celebrarán en Asturias, y que versarán sobre la situación de desprotección social de algunos colectivos; las deficiencias del sistema público de protección, y los problemas en la implantación de la Ley de Dependencia.
Aunque todavía no hay conclusiones claras, Fernández avanzó, tras ser preguntada por el desarrollo de esta normativa en la autonomía valenciana, que a primeros de septiembre "todas" las defensorías dispondrán de datos actualizados del desarrollo de esta ley, que luego se presentarán a las administraciones con el fin de que "corrijan" algunas situaciones.
En estos momentos, según dijo, existen "dificultades" para obtener "de manera clara" estos datos, porque el programa informático que los registra "tiene algún problema" para obtener un análisis sobre las "diferencias" que hay en la implantación de la ley en los diferentes territorios. Por ello, aplazaron hasta septiembre la puesta en común de este asunto.
En cuanto a esta normativa, resaltó que a los defensores les preocupan algunos aspectos como el del copago --que permitirá que la ley se desarrolle en condiciones de igualdad--; la acreditación de centros; prevención y calidad de servicios; formación de los asistentes personales; y lo que pasará con el desarrollo de la normativa en cuanto a que primen los servicios sobre prestaciones económicas.
Fernández reiteró que esta normativa "exige" de un "consenso" y "lealtad institucional" porque "está referenciada en la Administración del Estado y en las comunidades autónomas, con la colaboración de los ayuntamientos", y recordó que las conclusiones se expondrán a la Administración.
En este ámbito, Emilia Caballero indicó que, desde finales de 2007 hasta la fecha, la institución ha registrado un número de quejas "muy importante", más de 700, algo que "ha ocurrido en alguna otra comunidad", aunque "no en todas las partes se sigue el mismo desarrollo".
Caballero destacó que el "problema" que tienen las personas que acuden a solicitar las prestaciones de la ley es la "inseguridad" en la que se encuentran, el hecho de que "les pidan la documentación dos y tres veces, que no se les valore y que no encuentren sus expedientes". "Esto --agregó-- es lo que ha creado más alarma en la Comunitat". Asimismo, aseveró que se ha dictado la queja de la Sindicatura a la aplicación de la Ley de Dependencia en la autonomía.
JORNADA
La reunión entre los defensores del pueblo en la que se expondrán las conclusiones sobre este tema, y otros relativos a colectivos con problemas y que están desprotegidos, tendrá lugar este año en Asturias, los días 29 y 30 de septiembre, y el 1 de octubre.
El tema de las jornadas versará sobre tres talleres desarrollados este año: uno de ellos, ha sido el del análisis de las situación de las personas que, por diferentes motivos, no pueden ejercer sus derechos sociales y que están en situación de desprotección social; otro, es el recorrido de la aplicación de la Ley de Dependencia; y un tercero, el de las personas con capacidad limitada, con demencias o alzheimer.
