MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -
Organizaciones ecologistas exigieron hoy al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y al Gobierno que retiren la licencia de explotación a la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV) y que suspendan cautelarmente la actividad de estas instalaciones en lugar de imponer solo sanciones económicas "no disuasorias" y seguir "minimizando la gravedad" del escape de partículas de cobalto en la central nuclear de Ascó I (Tarragona) a finales de 2007.
Greenpeace y Ecologistas en Acción precisaron que la multa propuesta por el CSN contra Ascó I, entre 9 y 22,5 millones de euros, "sería equivalente al beneficio obtenido en dos semanas de actividad. Por ello, califican la iniciativa de "decepcionante" pues implica un "trato muy favorable" hacia la central nuclear, que percibe 1,2 millones de euros diarios por venta de electricidad.
Por ello, Greenpeace recomendó calificar estas sanciones de "muy graves" dado que "el escape supuso peligro para la seguridad o la salud de las personas y para el medio ambiente", en lugar de "minimizar la relevancia del accidente en beneficio de los propietarios de la central nuclear".
El responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, aseguró hoy que con la "benevolencia" del CSN a la instalación le saldrá más barato pagar una "multa ridícula por ocultar conscientemente" el escape radiactivo durante meses.
Por su parte, Ecologistas en Acción, insiste en que a pesar que si el ministerio las aprueba, éstas serían "las sanciones más duras de la industria nuclear española", esas cantidades "no son disuasorias" para evitar la repetición de sucesos de similar gravedad.
En ese sentido estiman que la nueva ley de Seguridad Nuclear "adolece del defecto fundamental" de que los castigos no son disuasorios ya que la sanción máxima prevista (30 millones de euros) no es suficiente para "convencer a los explotadores de centrales nucleares de que antepongan la seguridad a su beneficio".
