La aplicación de la Ley andaluza para la Gestión Ambiental centra una jornada empresarial en Cádiz

CÁDIZ 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Sostenibilidad Ambiental y Gestión del Litoral de la Junta de Andalucía, Isabel Mirones, ha explicado este jueves en Cádiz los procedimientos ambientales regulados por la nueva Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (Legam).

Durante su participación en la jornada 'Responsabilidad Compartida. Empresas y Administración ante los nuevos retos de sostenibilidad', ha señalado que la norma "actualiza los instrumentos de prevención y control ambiental y adapta la tramitación a las características y a los posibles efectos de cada actividad".

El encuentro, organizado por la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC), CEC Medio Ambiente y la Diputación de Cádiz, ha reunido a representantes empresariales, profesionales y responsables públicos para analizar las novedades de la ley y sus perspectivas de aplicación, como ha indicado la Junta en una nota.

En ella, han estado presentes el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido, que también ha intervenido; la secretaria general de la CEC, Carmen Romero; el presidente de CEC Medio Ambiente, Gonzalo Ganaza; la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez; y el coordinador de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Gestión del Litoral, Jorge Feijóo.

Isabel Mirones ha señalado que la Legam actualiza el marco establecido por la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 2007 e incorpora los cambios normativos europeos y estatales producidos desde entonces. Su elaboración ha contado con organizaciones empresariales, sindicatos, entidades locales, colegios profesionales y colectivos ambientales, en el marco de la revisión de la normativa ambiental recogida en el Pacto de Diálogo Social de 2023.

Este marco, según ha dicho la directora general, "regula los procedimientos aplicables a las actividades del tejido productivo gaditano", con presencia de la industria petroquímica, el sector naval, la logística, las energías renovables, el turismo y el comercio.

La definición de los requisitos y procedimientos ambientales determina las condiciones que deben tenerse en cuenta en la planificación de inversiones y la modernización de instalaciones, con las garantías exigibles para la protección del entorno y la salud.

Una de las novedades de la Legam es la regulación diferenciada de la evaluación ambiental y los instrumentos de prevención, cuyos procedimientos se tramitan de manera coordinada. Esta ordenación, ha destacado la directora general, "establece las distintas fases de los expedientes y los supuestos en los que pueden realizarse trámites conjuntos".

Los documentos comunes a ambos procedimientos se presentan una sola vez, siempre que incluyan todos los requisitos establecidos en la normativa aplicable. Asimismo, los trámites de consultas e información pública son únicos cuando concurren los procedimientos de autorización y evaluación de impacto ambiental previstos en la ley.

Además, determinadas actuaciones sometidas a Autorización Ambiental Unificada (AAU) y a Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAUS) pueden resolverse en el mismo acto de formulación de la declaración o del informe de impacto ambiental cuando la actuación no requiera autorizaciones sectoriales que deban integrarse en ellas. En estos casos, la norma permite prescindir de trámites adicionales expresamente señalados en el texto legal.

Isabel Mirones ha trasladado que la Legam establece los plazos máximos de resolución, fijados en seis meses para las Autorizaciones Ambientales Integrada y Unificada y cinco meses para la Unificada Simplificada. Estos plazos están sujetos a las reglas de cada procedimiento, incluidas las suspensiones y ampliaciones previstas legalmente.

Por otro lado, la norma regula las modificaciones de instalaciones y actividades, la revisión y vigencia de las autorizaciones, las transmisiones de titularidad y los supuestos de cese. También contempla la colaboración de entidades especializadas y colegios profesionales en tareas técnicas y de verificación documental, respetando las funciones reservadas al personal funcionario.

En el ámbito local, la ley introduce la licencia ambiental, que sustituye a la calificación ambiental y establece un plazo máximo de resolución de tres meses. Asimismo, el texto establece menos categorías de actuaciones sujetas a licencia y más categorías tramitables mediante declaración responsable de los efectos ambientales, con los requisitos correspondientes a cada instrumento.

Para las actividades sometidas a declaración responsable, incluidos pequeños negocios, este instrumento permite el inicio de la actividad desde la fecha indicada en la declaración, exclusivamente desde el punto de vista ambiental y siempre que se presente acompañada de la documentación requerida.

Por otro lado, la directora general ha puesto de relieve que la Legam contempla una Estrategia Marco de Medio Ambiente como "instrumento de referencia" para las políticas ambientales de Andalucía y crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente como órgano de consulta y participación.

Además, prevé un registro de personas interesadas en los procedimientos de evaluación y prevención ambiental, cuya organización y funcionamiento requieren desarrollo reglamentario.

La ley actualiza la regulación de la contaminación atmosférica, acústica y lumínica, los residuos y los suelos. Estas disposiciones se complementan con medidas de ecoinnovación, investigación y desarrollo tecnológico orientadas a mejorar el comportamiento ambiental de las actividades productivas.

Asimismo, regula la planificación y el ejercicio de la inspección ambiental, las obligaciones de responsabilidad medioambiental y el régimen sancionador, manteniendo la obligación de reparar los daños causados e indemnizar los perjuicios derivados de las infracciones.

Por su parte, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, Óscar Curtido, ha destacado la importancia de "la colaboración permanente" entre la Junta de Andalucía y el sector empresarial, agradeciendo especialmente el trabajo de la Confederación de Empresarios de Cádiz y de su presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Gonzalo Ganaza.

Curtido ha subrayado que "las mejores decisiones se toman escuchando a quienes conocen de primera mano los problemas", poniendo en valor el diálogo mantenido con el sector para "buscar soluciones a sus necesidades cotidianas".

Asimismo, ha señalado que la nueva Ley de Gestión Ambiental de Andalucía (Legam) responde precisamente a esa filosofía, a "adaptar la normativa a la realidad actual, simplificar los procedimientos, reducir burocracia y facilitar la actividad económica sin renunciar a la protección ambiental".

"Proteger nuestro medio ambiente y favorecer el desarrollo económico no son objetivos enfrentados, sino que deben avanzar de la mano", ha concluido.