LA RÁBIDA (PALOS DE LA FRONTERA, HUELVA), 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha acordado este martes declarar el 28 de octubre como Día de la Empresa Andaluza, una efeméride con la que pretende institucionalizar el reconocimiento al tejido productivo autonómico por "su esencial contribución al progreso económico y social de la Comunidad".
Esta declaración se produce tras el consenso alcanzado a finales de febrero por todos los grupos parlamentarios de la Cámara para proponer al Ejecutivo autonómico la designación de dicho día conmemorativo, según una nota del Gobierno andaluz.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que el objetivo de la iniciativa es "institucionalizar el reconocimiento al tejido productivo", al que ha descrito como fundamental en "el progreso económico y social y en la creación de empleo" en Andalucía.
La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades es la encargada de promover, en el marco de esta celebración, la participación de empresas, instituciones públicas y privadas, entidades locales, universidades y la ciudadanía en general, así como de coordinar aquellas actividades encaminadas a difundir y reconocer, con motivo de dicha fecha, el valor de la iniciativa empresarial.
Este respaldo se materializa en un contexto de recuperación económica derivado de la pandemia de Covid-19, en el que resulta imprescindible fomentar la actividad empresarial, sobre todo la de carácter emprendedor, para favorecer el crecimiento económico, la dinamización de sectores prioritarios y emergentes, la competitividad y desarrollo de Andalucía y la generación de empleo.
El Ejecutivo autonómico considera que la empresa es la pieza esencial en una economía de mercado como la actual, reconoce su función de motor socioeconómico y valora el esfuerzo de quienes ponen en práctica, con determinación y trabajo, nuevas ideas para la consecución de objetivos que redundan en el bienestar común.
Por esto, su defensa y promoción supone una prioridad en la acción de la Junta de Andalucía y en el despliegue de sus políticas públicas.
El entramado productivo de Andalucía se componía, de acuerdo con el directorio del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), fechado a enero de 2020, de 518.465 empresas que daban empleo a 2.284.967 personas.
EL 64% DESARROLLA SU ACTIVIDAD EN EL SECTOR SERVICIOS
Las provincias de Málaga y Sevilla acaparan casi la mitad del total de esa red y las pymes y autónomos representan más del 95% del tejido.
Según los datos de empresas registradas en la Seguridad Social, casi el 64% del tejido desarrolla su actividad en el sector servicios, más del 22% lo hace en la agricultura, el 8% en la construcción y más del 6% en la industria.
El pasado ejercicio, marcado por la crisis económica derivada del Covid-19, Andalucía alcanzó un máximo histórico en número de empresas, según recoge el INE, al experimentar un crecimiento del 2,4% en un contexto de práctico estancamiento del conjunto del país (0,1%).
CASI EL 16% DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE ESPAÑA, MEDIO PUNTO MÁS
Ha aumentado el peso relativo del tejido empresarial de Andalucía en España en medio punto, representando en 2021 el 15,8% del total de entidades a nivel nacional también un registro histórico.
Los mayores incrementos del tejido empresarial se han producido en los estratos de firmas de mayor dimensión, lo que favorece la configuración de un tejido empresarial más competitivo.
CERCA DE 700 MILLONES EN INCENTIVOS PARA LAS EMPRESAS
El Gobierno andaluz trabaja para transformar y diversificar el actual modelo productivo en un sistema asentado en el conocimiento y la innovación, apoyando proyectos empresariales sostenibles y estratégicos para la economía regional, que aporten valor añadido y que afronten con garantías la doble transición energética y digital.
Para ello ha articulado una serie de incentivos, instrumentos normativos e iniciativas encaminadas a fomentar la actividad productiva y emprendedora.
En materia de incentivos, desde comenzó la legislatura hasta finales del presente año, habremos puesto a disposición de las empresas andaluzas un montante global de 677 millones de euros a través de diferentes programas de ayudas.
En lo que respecta a las medidas normativas y de planificación destaca el Plan General de Emprendimiento de Andalucía, destinado a orientar las diferentes actuaciones y políticas que el Gobierno andaluz desarrollará en este campo hasta 2027, prestando especial atención a la innovación tecnológica y a las startups.
Esta planificación, con más de 60 medidas, ayuda a la Comunidad Autónoma a ser más eficiente y a ofrecer mejores servicios de apoyo a las empresas emergentes y tiene como objetivo reforzar la región como ecosistema innovador atractivo para la inversión y el desarrollo empresarial.
Además, servirá para favorecer el crecimiento y la competitividad del tejido productivo en el escenario actual de recuperación.
A dicho plan se suma la renovación integral de la normativa de corte económico a través del Plan para la Mejora de la Regulación Económica en Andalucía, que establece reformar más de un centenar de normas y simplificar en torno a 150 procedimientos administrativos de carácter autonómico.
Este instrumento estratégico busca facilitar el desempeño de empresas y emprendedores mediante la reducción de trámites y requisitos desproporcionados e injustificados.
De igual modo, el impulso de la Agencia Trade permitirá al tejido empresarial contar con una ventanilla única para canalizar todos los trámites y asuntos relacionados con el desarrollo de la actividad de los sectores económicos y atender las consultas y necesidades de empresarios y emprendedores.
Posibilitará aglutinar en una única entidad toda la gestión de los recursos financieros a disposición del tejido productivo andaluz.
Entre otras ventajas, se identifica también la conexión de todas las políticas de emprendimiento, captación de inversiones y promoción económica con la política de I+D+I y transferencia del conocimiento impulsada desde universidades y centros de investigación.
