Publicado 30/11/2021 13:19CET

Las actuaciones contra edificaciones irregulares en Andalucía en lo que va de año triplican a las de todo el 2018

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo.
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las actuaciones acometidas desde la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para evitar edificaciones irregulares ascienden en lo que va de año a 1.654, el triple de las efectuadas en 2018, según ha revelado este martes la consejera del ramo, Marifrán Carazo, que ha alabado las ventajas que traerá la recientemente aprobada Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista) para reforzar la labor inspectora.

Lista será un "aliado" para "conseguir que nadie se salte la ley", ha dicho la consejera de Fomento durante una jornada de encuentro del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, la sección de Medio Ambiente del Ministerio Fiscal y la inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta, según reseña la Consejería en un comunicado.

Carazo ha agradecido la "labor fundamental de inspectores, fiscales, policías y guardias civiles para velar por buen uso de nuestro territorio" y ha aseverado que "tenemos que conseguir que nadie se salte la ley, que nadie construya sin autorización en cualquier parte, porque eso sólo genera problemas".

La consejera ha subrayado que el Gobierno andaluz ha dado "mayor protagonismo" en este mandato a la inspección urbanística y que prueba de ello es que "en apenas tres años" la Junta "ha triplicado el número de actuaciones contra la aparición de irregularidades urbanísticas", "frente a 557 actuaciones de 2018 y tras dos ejercicios de continuo incremento".

Asimismo ha asegurado que "se han multiplicado por casi cinco las actas de inspección", pasando de 164 de 2018 a 750 actas en el presente ejercicio, y que "se han contabilizado 554 expedientes de investigación o denuncias este año, un dato que duplica las 263 que se acometieron en 2018".

Otro dato destacado por la consejera ha sido el precinto de edificaciones que han impedido la formación de nuevos núcleos residenciales en suelo no urbanizable. Sólo en 2021 se han precintado 45 edificaciones en construcción, destacando actuaciones que se han llevado a cabo en la Línea de La Concepción y Arcos de la Frontera, en la provincia de Cádiz.

Además, ha asegurado que se han abierto 60 expedientes de protección de legalidad urbanística, casi el triple que en 2018, que tienen por objeto parcelaciones urbanísticas y edificaciones sin licencia en ámbitos donde hay riesgo que se puedan producir nuevos asentamientos.

Aumentaron también los expedientes sancionadores, que ascienden a 179, "frente a los 25 de 2018". La cuantía de las multas impuestas ronda los cuatro millones de euros, "entre las que figuran los casi 900.000 euros a un proceso de parcelación con 133 subparcelas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) o los más de 600.000 euros impuestos a parcelaciones irregulares en El Palmar, en el término de Vejer de la Frontera (Cádiz)".

"Ese aumento de inspecciones ha sido posible gracias al esfuerzo realizado por el equipo de inspección de esta Consejería, la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad, el uso de nuevas herramientas tecnológicas como la ortofotografía digital o a la coordinación con el poder judicial", ha resaltado Carazo.

En paralelo a ese aumento de las inspecciones se ha producido un aumento de las autodemoliciones por parte de los infractores que, "ante el riesgo de una multa mayor, deciden voluntariamente derribar esas construcciones irregulares". Ha ocurrido así en Vejer de la Frontera (Cádiz), Iznájar (Córdoba) Cogollos de la Vega (Granada), en Linares e Ibros (Jaén), Alcolea del Río (Sevilla), Santa Cruz de Marchena y Oria (Almería) y en Manzanilla (Huelva).

A juicio de la consejera, la recién aprobada Lista traerá ventajas para continuar esta labor, ya que la ley "aporta novedades", como la posibilidad de que haya viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico. "Con ello no solo luchamos contra la proliferación de viviendas irregulares, sino que impulsamos el desarrollo de las zonas rurales y luchamos contra la despoblación", ha resaltado.

Ha destacado además otros puntos de la norma, como "favorecer la integración ambiental y territorial de las edificaciones irregulares prescritas, de manera que se permitirá que los ayuntamientos redacten planes especiales con los que corregir el impacto ambiental que generan".

Lista supondrá "una oportunidad magnífica en materia de disciplina territorial y urbanística", ha remachado la consejera, dado que "delimita las competencias de forma clara entre los ayuntamientos y la Junta de Andalucía" y crea el cuerpo de subinspectores que "tendrá como consecuencia un incremento de la vigilancia".

"La mejor medida para prevenir es detectar cuanto antes, en el momento en que se está levantando una edificación ilegal y tomar las medidas necesarias entonces para no tener que precintar o demoler edificaciones con posterioridad", ha manifestado.