SEVILLA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) de Andalucía han atendido a 2.038 menores de edad en el primer semestre de este año, de los cuales un 55% de los expedientes procedían de los juzgados de Violencia contra la Mujer, según las estadísticas de este recurso público que gestiona la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, y al que llegan por derivación judicial casos de progenitores en procesos y situaciones de interrupción de la convivencia familiar con una alta conflictividad.
Según ha informado la Junta en una nota, Los Puntos de Encuentro Familiar funcionan desde 2009 y en ellos se facilita un servicio temporal, excepcional y de carácter gratuito, para propiciar la normalización de la convivencia familiar. La duración de la intervención está limitada a un período máximo de 18 meses, que puede ser prorrogada mediante resolución del órgano judicial correspondiente.
Durante los seis primeros meses de este año, los PEF de las ocho provincias andaluzas han tramitado 1.459 expedientes, 802 de ellos derivados por juzgados de Violencia contra la Mujer, un 54,9%. Para estos casos de violencia de género, en los PEF se adoptan medidas que evitan el contacto entre agresor y víctima, además de fijar un protocolo horario que garantiza en todo momento el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas a la persona investigada o penada.
Durante el primer semestre del año 740 menores han estado afectados por una orden de protección adoptada judicialmente.
Todas las capitales de provincia --además de Algeciras, Jerez y Marbella-- cuentan con Puntos de Encuentro Familiar, constituidos como un espacio para garantizar el derecho esencial de los menores de edad a relacionarse con sus progenitores y familiares y propician los regímenes de visitas, la comunicación y la estancia de estos menores con los progenitores o familiares que no dispongan de su custodia, determinados por los órganos judiciales.
Los PEF cuentan con un equipo técnico multidisciplinar formado por psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales y educadores, especialmente formados para la atención de casos con conflictividad familiar.
En estos recursos se ofrece orientación psicosocial individual y familiar para que las personas usuarias puedan mejorar sus relaciones y superen la situación de conflicto familiar que motivó la derivación judicial a los PEF.
