La consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López, en la comisión parlamentaria del 6 de junio de 2024. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA
SEVILLA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía ha concedido desde 2018 a 2023 un total de 512 millones de euros en ayudas de la Renta Mínima de Inserción Social (Rimsa) que han beneficiado a 120.000 familias y a 264.000 personas. Ante este balance, los partidos de la oposición han criticado los retrasos en la resolución de los recursos y los "resultados tan limitados e insuficientes".
En su intervención en la comisión parlamentaria de este jueves y a preguntas del grupo parlamentario socialista, la consejera Loles López ha destacado que tras la reforma del decreto que regula la renta mínima la cuantía de la ayuda ha crecido una media del 45%, lo que ha redundado, a su juicio, en un "incremento de la protección a todas aquellas familias que quedaban excluidas del Ingreso Mínimo Vital (IMV)". Además, ha subrayado que la modificación supuso "una paralización de los cobros de reintegros a aquellas personas que tenían acceso al IMV y a la prestación autonómica".
Tras la reforma, ha detallado Loles Lopez, actualmente una persona que solicite la renta mínima recibe al mes 604,22 euros frente a los 468 que habría recibido con la anterior normativa; si quienes la piden son familias de dos miembros, la cuantía se eleva a 789,49 euros frente a 528 euros mensuales; y si la unidad familiar es de tres personas, la ayuda es de 966,76 euros frente a los 588 de hace dos años.
En cuanto a los plazos, la consejera de Inclusión Social ha remarcado que ahora se resuelven las solicitudes en 60 días de media. "Nunca antes, desde su creación, se resolvió en el tiempo que establece la Ley", ha sostenido López, para la que la modificación del decreto de la renta mínima "ha logrado uno de los objetivos más importantes que perseguíamos, paralizar los reintegros".
Asimismo, ha resaltado que el cambio en la normativa que regula los requisitos de la renta mínima ha permitido además no sólo dar una ayuda sino incrementar el acompañamiento sociolaboral a los beneficiarios para que encuentren un trabajo con el que sostenerse. Así, en 2018, cuando entró en funcionamiento la renta mínima, sólo el 26% de las resoluciones positivas iban acompañadas de un plan sociolaboral; ahora, ese porcentaje es del 86%.
Por último, López ha recriminado que la modificación del decreto saliera adelante sin el respaldo del resto de grupos políticos cuando se trata de una prestación que da cobertura a las familias que se quedaban fuera de la prestación estatal (IMV) como aquellas en situación de urgencia o emergencia social como casos de mujeres víctimas de violencia de género o explotación sexual, por enfermedad o accidente grave, o en caso de pérdida de la vivienda habitual, así como cubre a las personas entre los 18 y 22 años que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, incluyendo situaciones de tutela o acogimiento familiar, tal como ha recordado la Junta en una nota de prensa.
Ante esto, la consejera ha instado a los grupos políticos a que "piensen en las personas más vulnerables" y menos en intereses partidistas, al tiempo que ha defendido que la Rmisa es "un derecho subjetivo" que van a cobrar aquellas personas que cumplan los requisitos.
Frente a estos datos, el diputado socialista José Luis Ruiz Espejo ha defendido que "en Andalucía no podemos resignarnos a estos resultados tan limitados e insuficientes de la Renta Mínima de Inserción Social, y habría que adoptar cuantas medidas sean necesarias para que la misma pueda corregir la situación de vulnerabilidad de estas familias, sobre todo de los menores, tal y como se recoge en las recomendaciones" de un informe de la Cámara de Cuentas, así como ha alertado de que esta ayuda autonómica alcanzaría "sólo al 2% de los menores en situación de pobreza severa en Andalucía, mientras que el Ingreso Mínimo Vital estaría ya alcanzando prácticamente el cien por cien. Por tanto, creemos que hay margen de mejora y grande".
En las filas de Vox, la parlamentaria Mercedes Rodríguez ha afeado a la Junta el balance cuando "Andalucía lidera el ránking de pobreza infantil". Igualmente, ha criticado los retrasos en la resolución de los recursos que se presentan y sobre el "maná ficticio" que, a su juicio, se les ofrece a los migrantes con solicitud de asilo. De hecho, Rodríguez ha lamentado que estas ayudas tienen un "efecto llamada" para los migrantes ya que para acceder a ellas "sólo con una solicitud de asilo".
Por parte del PP, la parlamentaria María Olmedo ha destacado que ante la situación de vulnerabilidad de miles de familias el Gobierno de Andalucía "no deja de reforzar los diferentes medios con los que cuenta para dar una respuesta lo más rápida posible y ayudar a las familias que peor lo están pasando. ¿Y cómo? Pues bajando los impuestos, creando empleo y reduciendo la tasa de paro".
Sobre el Ingreso Mínimo Vital, que gestiona el Gobierno central, la consejera Loles López ha lamentado que alcance al 46,2% de la población en pobreza severa y que a esto se le "sumen los reintegros que el Gobierno sí pide". Igualmente, sobre las tarjetas monedero, la titular andaluza de Inclusión Social ha criticado que el Gobierno no esté dispuesto a implantar un modelo mixto para que no se queden fuera del reparto de alimentos 280.000 andaluces y que "tampoco quiera hacer cambios" en los supermercados permitidos para usar las tarjetas monedero, lo que deja a 665 municipios sin esos recursos. "Es un auténtico caos", ha sentenciado.