SEVILLA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha insistido en que se convoque la Conferencia Sectorial de Agricultura para debatir sobre el modelo de ayudas asociadas de la Política Agrícola Común (PAC) y, aunque "no se pueda paliar" el "hachazo" del reparto de la PAC, se puede poner "una tirita".
En la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha recordado que hace dos semanas la presidenta del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, remitió una carta al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, reclamando una rectificación del reparto de las ayudas asociadas para que se corrigiera "el enorme daño y la enorme agresión a Andalucía" con el reparto de los fondos de la PAC.
"Pero Rajoy no ha contestado. Estará muy preocupado y muy nervioso con su campaña electoral y ha dado la callada por respuesta", ha apuntado Vázquez, quien ha criticado "la tradicional desidia y menosprecio por parte de Rajoy a los intereses de Andalucía".
En este marco, ha señalado que este miércoles se manifestarán ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente los alcaldes de los municipios olivareros reclamando "un trato justo".
Así, el portavoz del Ejecutivo andaluz ha apuntado que con "la rectificación" de las ayudas asociadas de la PAC se pretende "mitigar parte del daño" que, como ya cifró, asciende a 900 millones de euros que se dejan de ingresar aquí.
Por su parte, la consejera ha precisado que las ayudas asociadas están incluidas en las ayudas directas de la PAC y está dirigida a producciones vulnerables. La Junta realizó una propuesta en 2014 para incluir algunos sectores como el olivar en pendiente, la uva pasa o el trigo duro pero el Gobierno hizo "oídos sordos".
Tras insistir en que la propuesta remitida al Ministerio del ramo cuenta con el aval de informes técnicos y reunirse con las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas, ha indicado que "el hachazo general" de 902,5 millones del reparto de la PAC "no tendrá vuelta de hoja". Sin embargo, ha hecho hincapié en que el Gobierno si puede atender a sectores vulnerables con las ayudas asociadas.
Ortiz ha apuntado que la aplicación en España del nuevo modelo de ayudas asociadas excluye a sectores de gran importancia social y económica en la comunidad, ya que el olivar en pendiente suma casi 400.000 hectáreas, el 76 por ciento del total nacional, y el trigo duro (220.000 hectáreas, el 60 por ciento.
Respecto a los cultivos que sí se incluyen, la Junta considera que el diseño se ha hecho a medida de otras regiones, sin tener en cuenta las necesidades de producciones andaluzas como la remolacha, los frutos de cáscara, el caprino y el vacuno de leche. La revisión que plantea la Junta incluye también mejoras para ellas.
PROPUESTA
En concreto, la propuesta de modificación de las ayudas asociadas que parte desde Andalucía, pero sería de ámbito estatal, supone un montante de unos 46 millones de euros, aunque "al plantear una revisión global, no tiene porque resultar un saldo neto".
Para el olivar en pendiente, la Junta plantea una ayuda asociada de entre 27 y 108 euros por hectárea, dependiendo del tamaño de las explotaciones y con una modulación a partir de las cinco hectáreas de superficie. Andalucía cuenta con 392.090 hectáreas de este cultivo en pendiente superior al 20 por ciento, factor este que limita la rentabilidad al incrementar los costes por la dificultad del empleo de maquinaria. De ellas, 184.992 se encuentran en pequeñas explotaciones que no superan las cinco hectáreas.
Respecto a la uva pasa, se propone una ayuda asociada de 566 euros por hectárea para completar la renta de unos productores que no tienen alternativa de cultivo. En este caso la pendiente media se eleva al 45 por ciento, lo que hace imposible el empleo de medios mecánicos y la práctica de agricultura intensiva. La superficie de las plantaciones es ahora casi la mitad que hace diez años, con 1.275 hectáreas concentradas en las comarcas malagueñas de La Axarquía y Manilva, donde la vid es el principal freno a la desertización. La producción está amparada por la Denominación de Origen Protegida Pasas de Málaga.
Con el mismo objetivo de evitar el abandono del cultivo y el riesgo de deslocalización de su industria asociada, para el trigo duro se propone una prima de 40 euros por hectárea y modulada al 50 por ciento a partir de las primeras 50 hectáreas.
REMOLACHA
En relación con los sectores que cuentan con una ayuda asociada en la nueva PAC, la propuesta plantea una serie de mejoras que tengan en cuenta las peculiaridades de la producción andaluza. Destaca el caso de la remolacha de siembra otoñal, para la que se pide incrementar en casi mil hectáreas la superficie máxima admisible y elevar a 535 euros por hectárea el importe unitario de la ayuda, pues su diseño actual parte de extensiones inferiores a las medias sembradas en la comunidad autónoma y de unos costes menores a los reales.
Tampoco el actual diseño diferencia entre las nuevas plantaciones de frutos de cáscara, con buenas condiciones de suelo y en regadío, de las tradicionales en secano y alta pendiente. Para evitar el consiguiente riesgo de abandono, la Junta plantea una ayuda diferenciada con un importe unitario equiparable al establecido para los territorios insulares, es decir, que sea un 36 por ciento superior al de la zona peninsular.
En el sector ganadero, se propone un incremento global de 5,69 millones de euros en la ayuda unitaria al caprino con el fin de compensar sus márgenes negativos, superiores a los considerados por el Ministerio en el actual modelo, y que se están viendo agravados por la continua caída del precio de la leche (factor este que tampoco ha sido considerado en el diseño de los incentivos). Para el vacuno de leche de zonas desfavorecidas o con limitaciones naturales, el principal elemento de revisión se orienta a que la actual prima unitaria para las 75 primeras vacas se mantenga hasta las 150, con el fin de reforzar el apoyo a las medianas explotaciones.
El reglamento de la PAC prevé que los estados puedan hacer una revisión de las ayudas asociadas y comunicarlas a la Comisión Europea antes del 1 de agosto de 2016. En el caso de España, la Conferencia Sectorial celebrada en enero de 2014 acordó que se realizaría antes del 1 de julio, pero el Ministerio aún no ha convocado la reunión de este órgano que debe estudiarla.