SEVILLA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Fomento y Vivienda está ultimando un decreto para "blindar" el parque público andaluz de vivienda e impedir que este se pueda vender a fondos de inversión o a personas jurídicas, según ha destacado el consejero del ramo, Felipe López, en una entrevista concedida a Europa Press.
Este decreto estará para "septiembre" en Consejo de Gobierno para proteger la función social de la vivienda pública, ha subrayado el consejero, quien ha recordado el caso de Madrid, donde se tuvo "la osadía" de vender viviendas pública para "hacer caja".
Al hilo de esto ha recordado que la Junta de Andalucía ha adquirido el primer grupo de viviendas en aplicación de la ley de tanteo para evitar el desahucio de 58 familias con recursos limitados y residentes en dos promociones públicas del municipio sevillano de Santiponce, que corrían el riesgo de caer en manos de un fondo de inversión al encontrarse la sociedad promotora municipal de estos inmuebles en concurso de acreedores tras su quiebra.
El decreto, que ha contado con una amplia participación de los agentes afectados, tratará de adaptar la normativa a la situación actual del sector inmobiliario, que se caracteriza por la dificultad de acceso al crédito hipotecario y las ejecuciones forzosas de vivienda en pago de deuda, incluyendo además nuevas garantía para evitar que las viviendas protegidas puedan acabar en manos de los denominados 'fondos-buitre'.
Al objeto de dotar de más garantía el cumplimiento de la función social de la vivienda protegida, el decreto define con "mayor profundidad" quien puede ser titular de una vivienda protegida y en qué casos, estableciendo la prohibición de enajenar sus viviendas protegidas a personas jurídicas, y garantizando que, en todo caso, los inmuebles protegidos se destinarán siempre a domicilio habitual y permanente de personas físicas.
Se prohíbe así la venta de vivienda propiedad de la Junta a personas jurídicas, imposibilitando normativamente las indeseadas consecuencias de la transmisión a los 'fondos-buitre'. Con el objetivo de dar una respuesta ante la irrupción de los alquileres turísticos en el mercado del alquiler y al incremento del precio de los alquileres, se refuerza la obligación expresa de que la vivienda protegida deba ser ocupada por persona autorizada.
Por último, el consejero ha detallado que este nuevo decreto contará con otros aspectos relevantes, como poder usar el derecho de tanteo para actuar sobre cualquier vivienda protegida "independientemente del plan por el que se calificó", y la autoconstrucción en régimen de cooperativa.
PLAN DE VIVIENDA
En cuanto al recién firmado convenio para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 entre el Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucía, el consejero ha destacado como aspecto importante el aumento de las área de rehabilitación. En la actualidad, existen 31 áreas de rehabilitación integral. Estas actuaciones, una vez erigidas como prioritarias dentro de una ciudad, se exoneran de la concurrencia competitiva.
Cabe recordar que Andalucía movilizará unos 900 millones de euros hasta 2021 con medidas en materia de vivienda, una vez que se ha firmado el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 con el que Junta y Gobierno invertirán 320,77 millones de euros en los próximos cuatro años. Este plan se complementa con los 750 millones de euros de recursos propios de la Junta dispuestos en el plan de vivienda andaluz y los 150 millones que se generarán en el sector privado.
El convenio firmado detalla que el Ministerio de Fomento se compromete a aportar hasta 2021 una financiación para estas acciones que asciende a 246,7 millones de euros, mientras que el Gobierno andaluz aportará para su desarrollo un total de 74 millones. Con este plan se van a mejorar las condiciones de vida de 44.965 familias gracias al desarrollo de actuaciones en materia de rehabilitación de sus viviendas o edificios.
Estas actuaciones de rehabilitación llevan a su vez aparejada una inversión privada que asciende a 149,8 millones de euros, que unida a las ayudas públicas que se van a conceder van a permitir la creación de un total de 15.223 empleos en los próximos cuatros años.
Las actuaciones previstas están relacionadas con el programa de ayuda al alquiler de vivienda, que tiene como objetivo facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en un régimen de alquiler a sectores de población con escasos recursos. Este programa recibirá en Andalucía un total de 80,7 millones, lo que supone el 25 por ciento de la financiación total del plan estatal.
Asimismo, también se concederán ayudas a las personas en situación de riesgo de desahucio para proporcionar a estas personas en condiciones de vulnerabilidad una vivienda en régimen de alquiler social. Este programa de ayudas dispondrá de 5,4 millones. Otra de las actuaciones destacadas contempladas en el plan es el programa de fomento del parque de vivienda en alquiler, tanto de titularidad pública como privada, con una dotación de 58,9 millones.
En cuanto al mantenimiento y rehabilitación de viviendas, el convenio prevé un impulso importante a las actuaciones destinadas a la conservación de las viviendas y a la mejora de la accesibilidad y sostenibilidad energética de los edificios. A este respecto, las ayudas para obras de mejora de eficiencia energética de viviendas unifamiliares y edificios colectivos alcanzarán los 9,9 millones de euros, mientras que los trabajos para la conservación y la mejora de la accesibilidad recibirán 82,8 millones.
