La nueva estrategia establece los criterios y normas técnicas para asegurar
los principios de perdurabilidad, seguridad, disponibilidad e interoperabilidad
SEVILLA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la Política de Gestión de Documentos Electrónicos de la Junta de Andalucía, que establece los criterios y normas técnicas que debe aplicar la Administración autonómica y sus entidades instrumentales en este ámbito.
La estrategia, elaborada conjuntamente por las consejerías de Hacienda y Administración Pública y de Cultura, centra sus objetivos en garantizar la conservación, tratamiento y recuperación de los documentos en el espacio electrónico, así como su validez, perdurabilidad, seguridad, disponibilidad, confidencialidad e interoperabilidad.
Las medidas se dirigen también a facilitar el cumplimiento de los derechos y obligaciones que recogen las recientes normativas autonómicas de transparencia, buen gobierno y Administración abierta.
ANTECEDENTES
La nueva política completará la regulación que aborda la gestión documental en el ámbito de la Junta, integrada, entre otras normas, por la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, y el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos, aprobado en 2000.
Destacan también la orden de 2007 del Sistema de Información para la Gestión de los Archivos de titularidad de la Junta y la aprobada en el año 2000 sobre la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos.
El acuerdo aprobado este martes viene precedido del trabajo desarrollado por la Junta desde 2010 en aplicación de normas básicas estatales para la interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica. Desde entonces se ha avanzado en la normalización del tratamiento de unos documentos que, por otra parte, ya nacen en entornos y formatos electrónicos.
Este trabajo continúa ahora en el marco de dos leyes estatales de 2015: la de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la de Régimen Jurídico del Sector Público. En línea con la política que ahora se pone en marcha en Andalucía, ambas normas están orientadas al objetivo de la utilización de medios electrónicos en los procedimientos y en las relaciones entre administraciones.
