Los municipios dispondrán de un mes para registrar los planes que está
previsto que generen más de 30.800 contratos de trabajo
SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los ayuntamientos andaluces disponen desde este miércoles de un mes de plazo para presentar los proyectos que se acogerán a la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria de los programas 'Emple@Joven' y 'Emple@30+', tras la publicación este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del nuevo Decreto Ley aprobado por el Consejo de Gobierno que modificó la Ley de Medidas Urgentes para Favorecer la Inserción Laboral, la Estabilidad en el Empleo, el Retorno del Talento y el Fomento del Trabajo Autónomo.
En una nota, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha precisado que las modificaciones aprobadas la pasada semana dieron traslado a una proposición no de Ley aprobada en la Cámara andaluza el pasado 25 de febrero, y se centran principalmente en "permitir el acceso a los planes de empleo de todos los ayuntamientos andaluces, aunque mantengan deudas con Hacienda y la Seguridad Social o tengan condenas por despido improcedente, y no perjudicar con estas restricciones al destinatario final de estos planes, que son los desempleados andaluces".
El decreto ley subraya que el interés social que persigue la ley de medidas de fomento del empleo, que es el de "reducir las tasas de desempleo y evitar la discriminación entre las personas desempleadas", podría verse perjudicado por "la exclusión de algunos ayuntamientos, que debido a la crisis económica han tenido que recurrir a importantes ajustes económicos y a reducciones de plantilla".
En este sentido, entre los artículos que experimentan modificación se encuentra el siete, referido a las entidades beneficiarias. Así, en la nueva redacción se añade que los ayuntamientos quedan exceptuados de cumplir las condiciones que fija la Ley General de Subvenciones en su artículo 13.2 'apartado E', que prohíbe recibir ayudas a aquellas entidades que no están al corriente en sus obligaciones tributarias o a la Seguridad Social, así como del 'apartado G', que prohíbe recibir ayudas si se mantienen pagos pendientes de reintegros por subvenciones.
El decreto ley también modifica el artículo 5 para exceptuar igualmente a los ayuntamientos de su exclusión de los programas de empleo por haber sido sancionados o condenados por resolución o sentencia firme, al alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias.
En este sentido, la normativa aprobada explica que la situación interna de un ayuntamiento, que es "completamente ajena a las personas destinatarias de las ayudas", no puede recaer "en ningún caso en el perjuicio que supone privar a estas localidades de la posibilidad de desarrollo de unos proyectos colectivos de marcado contenido económico y social".
El nuevo Decreto Ley establece un plazo máximo de dos meses a los ayuntamientos para iniciar el proyecto, una vez se les haya notificado la resolución de concesión, y establece un periodo máximo de 18 meses para su desarrollo. Asimismo, se fija que los contratos englobados en el programa 'Emple@Joven', dirigidos a jóvenes entre 18 y 29 años, deberán tener una duración mínima de seis meses.
También se introduce un cambio en la tabla que refleja las ayudas que reciben los ayuntamientos, que oscilan entre los 1.300 y 1.700 euros mensuales brutos por contrato, ampliando los grupos de cotización, antes reflejados sólo del uno al cuatro, y ahora introduciendo los grupos cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez en el tramo más reducido.
Igualmente, se fija una cuantía mensual adicional de entre 1.300 euros y 1.700 euros para aquellos contratos que superen los seis meses de duración.
Otra modificación introducida se incorpora en una disposición adicional del Decreto Ley, y afecta a los incentivos a la contratación indefinida para mayores de 45 años, línea de ayudas en la que se incorpora como colectivo prioritario a aquellos trabajadores en situación de desempleo procedentes de expedientes de extinción de empleo en la industria manufacturera en Andalucía.
CASI 397 MILLONES
La Junta de Andalucía destinará 396,80 millones de euros en 2016 al desarrollo de las medidas incluidas en la Ley, que se suman a los 25,54 millones de euros invertidos el pasado año. La aplicación de la ley se prevé que tenga un impacto de más de 60.000 nuevos empleos, entre los que destacan los 30.870 contratos previstos en la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria; 14.600 contratos del programa Bono Joven; la constitución de 3.100 autónomos; 1.500 empleos en proyectos de interés general y social; 2.100 contratos indefinidos a jóvenes; unas 1.000 prácticas profesionales; 8.333 contratos a mayores de 45 años y 150 beneficiarios de las medidas de retorno del talento.
Entre las iniciativas que incluye la Ley se encuentran los programas 'Emple@Joven' y 'Emple@30+', que incluyen una nueva convocatoria de la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria, común para ambos colectivos, con una dotación de 250 millones de euros para 2016, y que incluye ayudas de entre 1.300 y 1.700 euros mensuales brutos por contrato que realicen los ayuntamientos para proyectos de obras y servicios de ámbito social o de interés municipal, distintos de los que realiza regularmente el personal de la Administración local.
