El Consejo de Gobierno andaluz dará luz verde este miércoles a la nueva Ley de Patrimonio de la comunidad

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto aprobar en su reunión de este miércoles, 24 de septiembre, el proyecto de Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, normativa con la que pretende "actualizar el régimen jurídico" de este ámbito sobre el que se aprobó una primera ley en 1986, hace ya casi 40 años.

Así se pone de relieve en la exposición de motivos del anteproyecto de ley que, tras recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno, será remitido al Parlamento para continuar allí su tramitación, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que impulsa esta iniciativa.

En la exposición de motivos del anteproyecto de ley se subraya que "han transcurrido casi 40 años desde que fue aprobada la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Decreto 276/1987, de 11 de noviembre", y "dichas normas se dictaron en un contexto que ha experimentado importantes cambios tanto en la estructura organizativa de la comunidad autónoma, como en el marco jurídico en el que se desarrolla, especialmente en sus relaciones con la ciudadanía y con la Administración General del Estado".

De esta manera, "con esta nueva norma se pretende fundamentalmente actualizar el régimen jurídico del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, atendiendo a sus necesidades, su actual organización y las necesidades del tráfico jurídico; garantizar la protección del patrimonio autonómico y su papel como instrumento al servicio público", así como "homogeneizar, coordinar y optimizar la utilización del patrimonio autonómico, de sus bienes y derechos, de los edificios administrativos de la Junta de Andalucía y su parque móvil".

También, "regular los procedimientos patrimoniales bajo máximas de eficacia, eficiencia y simplificación administrativa, incorporando las más modernas figuras vinculadas a la gestión patrimonial y las nuevas tecnologías, así como reforzar la aplicación de los principios de colaboración, transparencia y sostenibilidad en la gestión del patrimonio autonómico".

Como novedad en la nueva ley --cuya aprobación este miércoles en Consejo de Gobierno ha avanzado 'Diario de Sevilla'-- se establece una "definición amplia" del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, en el que se incluyen el conjunto de bienes y derechos de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias, "cualquiera que sea el título de adquisición".

Además, "una de las principales novedades" de la nueva norma es la creación de la Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía, que "se diseñará en consonancia con la imagen corporativa" de la administración autonómica, y que se integrará dentro de su portal web.

Esta plataforma servirá como "medio para la difusión, a través de Internet, de las operaciones y negocios jurídicos patrimoniales, con el propósito de facilitar el acceso a la información patrimonial, centralizar su gestión y reforzar la transparencia de los procedimientos".

RÉGIMEN SANCIONADOR

Asimismo, la ley contempla un régimen sancionador --al que se dedica uno de los once títulos de la normativa--, en virtud del cual la Junta de Andalucía podrá imponer hasta medio millón de euros por infracciones muy graves contra el patrimonio andaluz, como daños o deterioros de cualquier tipo en los bienes y derechos cuando su importe supere la cantidad de 500.000 euros.

Igualmente, el proyecto determina que serán infracciones "muy graves" la usurpación de los bienes y derechos del patrimonio de la comunidad o no cumplir el deber de custodia de bienes y derechos del patrimonio y que, como consecuencia de ello, se le produzca a estos un daño.

En el caso de que la infracción sea tipificada como grave, las multas contempladas en la nueva normativa oscilan entre los 10.001 euros y un máximo de 100.000. Por último, las leves pueden variar de los 600 a un tope de 10.000 euros.

Las infracciones graves van desde la realización de obras, trabajos u otras actuaciones no autorizadas en bienes del Patrimonio de Andalucía a la retención de esos bienes "una vez extinguido el título que legitima su ocupación". Igualmente, se considerarán faltas graves el uso indebido, abusivo o que no se ajuste al contenido del título habilitante de bienes del Patrimonio de Andalucía y las actuaciones sobre bienes afectados a un servicio público que "impidan o dificulten gravemente la normal prestación de aquel", entre otras cuestiones, tal como recoge el anteproyecto.

Las infracciones serán leves cuando se produzcan daños en los bienes y derechos siempre y cuando su importe no exceda de los 10.000 euros o los usuarios incumplan las disposiciones que regulan la utilización de los bienes destinados a un servicio público.

"Se considerará circunstancia atenuante, que permitirá reducir la cuantía de la multa hasta la mitad de la cuantía inferior prevista, la subsanación por de la situación creada por la comisión de la infracción en el plazo que se señale en el correspondiente requerimiento. Se considerará circunstancia agravante la falta de colaboración o ayuda para la reparación o mitigación del daño inicial causado", aclara el texto normativo.