La Junta rescindirá el contrato a empresas que no paguen dos meses de salario

SEVILLA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) - La Junta de Andalucía rescindirá el contrato "automáticamente" a aquellas empresas con contratos con el Gobierno andaluz y que incumplan durante dos meses consecutivos el pago del salario a sus trabajadores, según ha detallado la presidenta de la Junta, Susana Díaz, al explicar una de las novedades que contiene el acuerdo para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Administración andaluza, que ha sido firmado este lunes. El acuerdo ha sido rubricado en el Palacio de San Telmo, en un acto presidido por Susana Díaz, por la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero; el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero; la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara. El documento firmado deberá aprobarse por decreto en Consejo de Gobierno a finales de este mes, posiblemente el próximo 25 de octubre, y supone, en palabras de Díaz, un "paso muy importante" teniendo en cuenta "el impacto económico que genera" la Administración andaluza, que es "la primera empresa de Andalucía" y que debe "ser y servir de ejemplo". El 23 de diciembre del pasado año, la presidenta anunció en el Pleno del Parlamento que todas las contrataciones administrativas de la Junta iban a tener cláusulas sociales, medioambientales, de género y de protección de menores, como se comprometió en el debate de investidura. Este acuerdo, tras ser firmado, será trasladado a la Mesa del Tercer Sector, coordinada por la Consejería de Igualdad. El acuerdo es transposición de directivas europeas, algo que la Junta efectúa, ya que no lo ha hecho el Gobierno. Este acuerdo contempla cláusulas de obligado cumplimiento y otras que son sugerencias y recomendaciones. Incluye además una comisión de seguimiento, destacada por todos que servirá para "garantizar" y evaluar su cumplimiento. Todos los agentes, Administración y agentes sociales, han reconocido que la negociación "ha sido dura, complicada y difícil". El acuerdo contempla que la Junta y entes instrumentales incorporarán cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos, para consolidar un tejido empresarial sostenible, mejorar las condiciones de las personas que trabajan en empresas que contratan con la Junta, así como promover la inserción laboral de personas con más dificultades de acceso al empleo. Asimismo, se valorará a las empresas comprometidas con la calidad del empleo, la igualdad de oportunidades y el medioambiente. La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha elaborado una guía en la que se recogen estipulaciones que deberán ser incluidas obligatoriamente en los pliegos de cláusulas administrativas que rigen las contrataciones, así como recomendaciones que facilitarán la toma de decisiones de los órganos de contratación en las fases de procedimiento, desde presentación de ofertas, hasta adjudicación y ejecución. Entre las medidas obligatorias, se establece la prohibición de contratar con la Junta para empresas que incumplen la legislación ambiental o sancionadas por infracción muy grave en materia social. De esta forma, quedarían excluidas licitadoras de más de 50 empleados en cuya plantilla no haya al menos un dos por ciento de discapacitados. También se incluyen criterios de transparencia fiscal, exigiéndose a las empresas la declaración íntegra de sus ingresos y beneficios y la tributación, prohibiéndose el uso de domicilios en paraísos fiscales. En los contratos de obras, con carácter previo a la ejecución del proyecto, habrá de elaborarse un plan de seguridad en el trabajo. La guía también recoge recomendaciones que no son obligatorias para las empresas pero que se valorarán en las contrataciones públicas. Así, la definición del objeto de los contratos deberá describir el valor social que incorpora. Además, en los pliegos de prescripciones técnicas se definirán criterios de sostenibilidad y protección ambiental. Además, en las adjudicaciones de contratos se valorarán aspectos de calidad en el empleo, como formación, conciliación familiar o proyectos sociales que financia. También se tendrán en cuenta los nuevos contratos o la conversión de contratos temporales en indefinidos. La aplicación de estas medidas dará más puntos en los órganos de contratación y las empresas más comprometidas tendrán mayores posibilidades de que se les adjudiquen contratos de la Junta. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, resalta que el Gobierno andaluz "trabaja para una sociedad más igualitaria no desde la retórica, sino desde hechos" y cree que con este acuerdo "se da un paso en el empleo", y es "un ejemplo de los beneficios del diálogo social". Tras reconocer el impacto económico de la contratación de la Junta, al ser "la principal empresa de Andalucía" --el impacto de los contratos de la Junta se cifra en 6.000 millones--, aboga por "tener una sociedad más decente, más justa y que proteja el medio ambiente". Espera además que esta norma "sirva de ejemplo para resto de administraciones". Estas cláusulas pretenden "garantizar la igualdad de oportunidades", además de "proteger las condiciones laborales de quienes trabajan con la Junta, garantizar salarios justos, respeto de condiciones, ayudar a la conciliación, además de ser respetuosos con el medio ambiente". Entre las novedades, la presidenta ha destacado que "las empresa que durante dos meses no cumplan el pago de salarios, automáticamente se le cancelará el contrato con la Junta", además de "primar a empresas que vayan mas allá de Ley de Igualdad en cuanto a conciliación familiar". El presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha resaltado la importancia de elementos como el dialogo social, empleo y seguridad jurídica, que son "objetivos irrenunciables de CEA desde hace mucho tiempo" y que se muestran en el acuerdo, que "surge del dialogo social, que tiene como objetivo el empleo y nos posiciona en un contexto de más seguridad jurídica". Reconoce que en este acuerdo "se hacen concesiones, pero no se logran objetivos parciales sino un gran objetivo general". Ha recordado la "legitimidad" de los agentes sociales para firmar el acuerdo y reconoce que "la eficiencia de medidas requiere de dialogo". Asimismo, considera que el acuerdo "establece criterios de seguridad jurídica", y así "hay una armonización". Ha explicado que ese acuerdo "suple carencias que existen, como son tres directivas de contratación europeas, no desarrolladas por el Gobierno central, por lo que nos adelantamos en Andalucía". El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha apuntado que este acuerdo "era una vieja aspiración", y considera que el acuerdo "muestra un sendero por donde circular las administraciones públicas, debería ser ejemplo para Gobierno central ayuntamientos y diputaciones". A su juicio, "es tremendamente importante que haya esta garantía, porque va a dar más calidad a los servicios públicos". "En muchas ocasiones la austeridad nos ha llevado a que lo que vale es lo mas barato, pero este acuerdo significa que, sabiendo que las empresas tienen que obtener beneficios, éstos no puede ser solo a expensas de trabajadores". La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, considera que la eficiencia de la contratación "debe existir, pero no a costa de cualquier cosa, sino preservando derechos sociales y laborales y la sostenibilidad del medio ambiente". Augura que este acuerdo "es germen de derechos", y valora que las cláusulas sociales "se extienda a toda las contrataciones de la Administración". "Es un buen paso hacia delante, trabajar en que todo se lleve a cabo y que nos veamos más veces para llegar a acuerdo buscando el interés ciudadano", ha añadido.

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