La Junta aborda la reordenación de espacios judiciales y estudia el proyecto de la Ciudad de la Justicia

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha anunciado en comisión parlamentaria que la Junta ha elaborado un Plan Director para la reordenación eficiente de los espacios de las sedes judiciales de Sevilla, lo que conlleva la reducción de algunos contratos de arrendamiento, y continúa con el Ayuntamiento de la capital en el estudio del proyecto de la Ciudad de la Justicia.

En un comunicado, la Junta ha informado de que De Llera ha señalado en su comparecencia que se está finalizando la redacción del proyecto de la primera fase de esta racionalización de espacios, que, centrada en El Prado de San Sebastián, supondrá el traslado de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a dichas instalaciones.

Respecto a la Ciudad de la Justicia, el consejero ha subrayado que "una vez superadas las reticencias a su ubicación en Los Gordales, el Ayuntamiento y la Consejería han podido retomar el asunto y ahora la prioridad es avanzar en las actuaciones, ya en su emplazamiento definitivo, e iniciar los trámites para la adquisición sin coste del suelo y la redacción del proyecto".

Para avanzar en el proyecto de Ciudad de la Justicia, los miembros de la Comisión Mixta Ayuntamiento-Junta se reúnen semanalmente para "analizar y resolver las dificultades que pudieran plantearse, tanto de índole técnica, como jurídica", según explica la Junta.

De Llera ha resaltado la "prioridad que las sedes judiciales en propiedad suponen para la Junta de Andalucía, que ha reducido en cinco millones de euros el alquiler de edificios, pasando de los 20,2 millones que supuso el arrendamiento en 2010, a los 14,4 millones que abona la Consejería actualmente".

Asimismo, el consejero ha comentado que este ahorro se ha logrado gracias a la revisión a la baja de los contratos de arrendamiento "que hemos aplicado en los últimos años" y a la puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos judiciales en propiedad. "En la actualidad, tenemos 73 sedes judiciales en régimen de alquiler y 100 contratos vigentes, lo que rebaja en 20 el número de inmuebles arrendados y en 24 el total de contratos con respecto a 2010", ha apuntado.

Sin embargo, De Llera ha matizado que "la Consejería seguirá optando por el alquiler de inmuebles para uso judicial siempre y cuando, como en el caso de San Fernando, sea la alternativa más inmediata, viable y eficaz para garantizar la calidad del servicio".

Por otro lado, el consejero ha comentado también que la Junta está trabajando "de una manera muy especial en aquellas medidas que permitan un mayor ahorro energético".

En materia de Infraestructuras, la Junta "tiene como prioridad destinar los recursos disponibles al mantenimiento diario de las 167 sedes judiciales con las que cuenta Andalucía, así como la mejora y reforma de los edificios que los precisen", por lo que se ha hecho una evaluación que indica las necesidades más urgentes a las que atender de inmediato en función del presupuesto disponible.

Además, "es necesario adaptar las infraestructuras de cara a la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal y resolver la falta de espacio o la dispersión de sedes en determinadas jurisdicciones, para lo que se están analizando alternativas diferentes" ha señalado.

La actuación de la Consejería en este ámbito se dirige principalmente, según su titular, a avanzar en los proyectos de ciudades de la justicia que aún no han podido iniciarse y a continuar desarrollando las 30 actuaciones que en estos momentos se encuentran en alguna fase de ejecución.

El consejero ha recordado la "apuesta" de su departamento por avanzar en el proceso de modernización tecnológica, que contará en los próximos años "con 30 millones de euros destinados a nuevas tecnologías de la Administración de Justicia, lo que permitirá un importante salto cualitativo en este sector".

Por último, el consejero ha resaltado que la seguridad está "totalmente garantizada" en las sedes judiciales, ya que cuentan con vigilancia de efectivos de la Guardia Civil, seguridad privada, cámaras de vigilancia escáner y arcos de seguridad, entre otras medidas.