SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha calificado como "positivo" el informe preceptivo del Consejo Económico y Social de Andalucía (CES-A) sobre el anteproyecto de Ley de Retracto en Desahucio de Viviendas en Andalucía, que introduce como principal medida la de permitir a la Junta el ejercicio del derecho de compra preferente de los inmuebles incluidos en procesos de ejecución hipotecaria, ya que, ha explicado, "enriquece el texto, por lo que algunas de las propuestas y sugerencias planteadas serán introducidas en la norma".
El texto definitivo será enviado al Consejo Consultivo para que emita su correspondiente informe. Posteriormente, el Consejo de Gobierno aprobará el texto y se remitirá al Parlamento para su debate y aprobación esta primavera. Ha subrayado que para 2017 existe una partida de cuatro millones en el presupuesto de la Junta, que "será suficiente para que la administración pueda responder a lo que contempla la Ley".
Durante su intervención ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento andaluz, López ha citado algunas de las observaciones realizadas por el CES-A, como la determinación de áreas de retracto, punto que, ha afirmado, "la Consejería está estudiando para ver la posibilidad de que se puedan ejercitar estos derechos en función de las tipologías de las viviendas, así como de las condiciones socioeconómicas de los titulares de las viviendas objeto de ejecución".
Igualmente, el consejero ha subrayado que el informe del CES-A "destaca el impulso legislativo que supone la adopción de iniciativas para la protección del derecho a una vivienda digna en la coyuntura actual", como es el caso de esta norma y de la Ley para la Función Social de la Vivienda, de la que ha recordado "la confrontación con el Gobierno central que llevaron a su paralización".
Para evitar una situación similar, en la elaboración de la Ley de Retracto "han colaborado 21 organizaciones, asociaciones y entidades en el proceso de participación", ha recordado el consejero, que también ha hecho mención a la participación del Consejo General del Poder Judicial "para que aporte aquellas cuestiones relevantes antes de iniciar su tramitación parlamentaria y dar respaldo jurídico a la norma".
Felipe López ha reconocido que esta Ley "no es un solución mágica para todos los conflictos que puedan darse porque sabemos que no acabará con todos los desahucios, pero nos dota de una herramienta más que permite paralizar y proteger a las familias que más lo necesitan contribuyendo a equilibrar la balanza de la Justicia Social".
Esta ley forma parte de un conjunto de instrumentos y herramientas que la Junta viene impulsando para evitar que una familia pueda perder su vivienda, entre las que ha mencionado el esfuerzo de aunar a otras instituciones y agentes sociales para hacer un abordaje eficaz del problema --Defensor del Pueblo andaluz, entidades financieras, Sareb, FAMP y las plataformas ciudadanas y ONG comprometidas---; el Sistema Integral de Atención y Asesoramiento en materia de Desahucios, que ha atendido más de 30.000 consultas telefónicas o telemáticas y más de 23.000 visitas; la puesta en marcha del Observatorio Andaluz de la Vivienda y el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, que prevé movilizar 730 millones y desplegará más de 188.500 acciones.
Se trata de "un ambicioso marco de medidas" que "estará en todo momento abierto a las aportaciones que se planteen desde los grupos de trabajo, agentes sociales y económicos, así como los diputados que realicen aportaciones durante la tramitación parlamentaria de la Ley".
LA LEY
En cuanto al futuro texto normativo, ha comentado que el anteproyecto de ley prevé una serie de obligaciones para los diferentes estamentos y profesionales que intervienen en procesos de desahucio --órganos judiciales, registradores, notarios y entidades financieras--, que consisten básicamente en informar a la Junta de quienes están inmersos en un proceso de ejecución hipotecaria para que la Junta analice si es aplicable el ejercicio de su derecho de retracto.
Por otra parte, el texto incluye una modificación de la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo al objeto de reforzar la protección de los adjudicatarios de los inmuebles mediante la ampliación de los supuestos sancionadores. De este modo, introduce como sanción muy grave, con multas de entre 30.001 a 120.000 euros, la no devolución por parte de los promotores de las cantidades entregadas a cuenta por los adjudicatarios en caso de resolución del contrato de compraventa, un supuesto que hasta ahora no estaba tipificado como infracción.
También se tipifica como infracción el incumplimiento del deber de posibilitar la ocupación de la VPO por personas físicas que reúnan los requisitos, cuando la propiedad corresponda a personas jurídicas.
El anteproyecto se sometió a información pública por un plazo de 15 días hábiles en el se dio trámite de audiencia a todos los sectores relacionados con el ámbito de la vivienda, como agentes económicos y sociales, consumidores, promotores públicos, colegios profesionales, entidades financieras, asociaciones vecinales o tercer sector.
López ha criticado la "contradicción" de Podemos "que antes habla de viviendas vacías y ciudadanos sin vivienda y ahora pide que hagamos más viviendas".
El consejero recuerda que esta herramienta "se usa en París o Barcelona", por lo que pide "coherencia" a Podemos, tras lo que ha expresado el "compromiso total" de la Junta con las familias andaluzas "arbitrando herramientas para compensar el destrozo que hace un bulldozer como las políticas del Gobierno central".
"La Junta ante desahucios está haciendo un trabajo contundente desde la convicción absoluta no desde la venta a 'fondos buitre'", asevera el consejero, quien recuerda que la incidencia y la tasa de desahucio por cada 1.000 habitantes es de 4,5 en Andalucía, por debajo de los 5,3 por 1.000 habitantes de media nacional, "aunque eso no nos consuela".
"19 VIVIENDAS POR AÑO"
La diputada de Podemos Carmen Molina, que agradece que se tomen en consideración las enmiendas, considera que "sostener un texto obsoleto y anacrónico es propio de una administración del pasado a problemas sociales a la actualidad", tras lo apunta que el error del que adolece el anteproyecto "es difícilmente salvable, pues el error es que las viviendas no se rescatan sino las familias y personas".
"La Junta debería atender a las personas que son lanzadas y echadas de sus casas", asevera Molina, quien recuerda que en 2016 se han registrado, en el tercer trimestre, 2.151 ejecuciones en Andalucía.
A su juicio, "si la Junta cambiara su perspectiva no se hablaría de la cantidad, sino de la gravedad de la situación", pues "la pérdida de la vivienda es uno de los problemas mas importantes de Andalucía".
La diputada de Podemos ha apuntado que con los recursos económicos que se destinan a esa ley "se podrían adquirir 19 viviendas por año, 95 viviendas en total", lo cual es "ineficiente e insuficiente", unas cifras negadas por el consejero posteriormente. Molina considera que esta ley "no incrementará el parque público de viviendas de la Junta".
Valora que la Junta "esté dispuesta a corregir tras el pronunciamiento del CES-A" aunque lamenta que en el anterior texto "la Junta en la delimitación de áreas y zonas, volvía a mirar a los objetos y no a los sujetos". Por ello, espera que la Junta "replantee la actual norma y presente otra más eficiente" pues el actual texto "adolece de un registro de inventario de viviendas vacías o ignora al resto de administraciones afectadas", algo que esperan que corrija la Junta.
"Esperamos una propuesta integral que sea viable y una respuesta dialogada y consensuada con el resto de fuerzas políticas a la crisis habitacional, mediante un pacto o una estrategia andaluza", asevera.
