El delegado territorial de Justicia, Javier Millán, con la alcaldesa de Huévar, María Eugenia Moreno, durante la firma del convenio. - JUNTA DE ANDALUCÍA
SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El delegado de Justicia, Administración Local y Función Pública, Javier Millán, y la alcaldesa de Huévar del Aljarafe (Sevilla), María Eugenia Moreno, han firmado este viernes un convenio para colaborar en la reeducación de los menores infractores de la localidad.
Gracias a este acuerdo, los jóvenes podrán cumplir medidas no privativas de libertad impuestas por los jueces como prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas colaborando en servicios municipales como la limpieza y mantenimiento de mobiliario urbano, parques y jardines, Protección Civil, acompañamiento a mayores, asistencia a personas con discapacidad o atención a colectivos vulnerables, informa la Junta en un comunicado.
Millán ha agradecido a la alcaldesa su colaboración con el sistema de Justicia Juvenil de la Junta. "Huévar se suma a otros 25 ayuntamientos se la provincia con los que tenemos este tipo de acuerdos que no solo evita que los menores tengan que desplazarse para cumplir las medidas judiciales sino que reparan el daño causado en su entorno, lo que facilita la toma de conciencia de las consecuencias de su conducta".
Los jueces de menores pueden imponer a los jóvenes medidas privativas de libertad, que cumplen en los Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) --en Sevilla hay tres en Alcalá de Guadaíra y Carmona-- o medidas de medio abierto, como la libertad vigilada, la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas.
Para ejecutar este tipo de medidas, la Consejería tiene acuerdos con más de 300 ayuntamientos andaluces. "La semana pasada, el consejero José Antonio Nieto firmó este convenio de colaboración con el alcalde de la capital hispalense, José Luis Sanz y ahora sumamos también a Huévar", ha destacado el delegado.
Además de facilitar que realicen las tareas impuestas por los jueces en servicios municipales --en ningún caso son remuneradas ni sustituyen ningún puesto de trabajo--, los convenios con los ayuntamientos también implican la colaboración de la Policía Local para el cumplimiento de las medidas de libertad vigilada o permanencia en domicilio el fin de semana.
En 2024 (las estadísticas de 2025 aún se están cerrando) en la provincia de Sevilla se ejecutaron un millar de medidas de medio abierto, entre ellas 734 de libertad vigilada, 147 tareas socioeducativas y seis prestaciones en beneficio de la comunidad.
Tras Málaga, es la provincia con mayor número de medidas de Justicia Juvenil. Los profesionales del Servicio Integral de Medio Abierto (SIMA) de la provincia se encargan del seguimiento de los menores que cumplen estas medidas y elaboran informes para los juzgados.
Millán ha recordado que, además de con ayuntamientos, la Junta también tiene acuerdos con media docena de ONG sevillanas como el Banco de Alimentos, Madre Coraje o Autismo Sevilla donde los menores infractores cumplen las medidas colaborando en labores de voluntariado.
OBRAS DEL PFEA
El delegado ha aprovechado su visita para ver algunos de los proyectos ejecutados por el Ayuntamiento con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) que cofinancia la Consejería junto al SEPE y la Diputación provincial. Millán ha puesto en valor la importancia de este programa para ayudar a los ayuntamientos a garantizar buenos equipamientos y servicios públicos que fijen la población al territorio, además de dar empleo a los trabajadores del campo para que completen los jornales.
El SEPE sufraga la mano de obra y la Junta financia el 75% del coste de los materiales mientras que la Diputación asume el 25% restante. "En lo que va de legislatura desde el Gobierno andaluz hemos aportado casi 117.600 euros a los proyectos del PFEA en Huévar que han permitido al ayuntamiento adecentar el Parque del Guadial y edificios públicos como los centros educativos e instalaciones municipales", ha detallado.
En este sentido, el delegado ha lamentado que el Gobierno de España mantenga congeladas las partidas presupuestarias para el PFEA desde hace tres años ante la falta de Presupuestos Generales del Estado, ya que la aportación del resto de administraciones es proporcional a la del SEPE.