La Junta concede más de 2.200 ayudas a empleados públicos andaluces, entre ellas, anticipos de nóminas y por defunción

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha concedido un total de 2.224 ayudas sociales a empleados públicos en concepto de anticipos reintegrables de nómina, atención a personas con discapacidad, violencia de género y por defunción del personal empleado público --una ayuda ésta reactivada después de que se suspendiera en 2012--. En este mes de septiembre, la Administración autonómica espera publicar la convocatoria de las ayudas para el alquiler de la vivienda habitual.

Según los datos facilitados por la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública a Europa Press, en el caso de los anticipos reintegrables de nómina, los servicios de Administración Pública han tramitado 1.952 solicitudes de las que 1.595 han sido concedidas. Para su financiación se han destinado cerca de 6,2 millones (6.197.848 euros).

A la convocatoria de ayudas para la atención a personas con discapacidad, la Junta ha tramitado 688 solicitudes de las que ha concedido 577 con un crédito disponible de 798.235 euros. El resto han sido denegadas por no cumplir con los requisitos exigidos.

En el caso de las ayudas por violencia de género, se han presentados dos solicitudes y se ha concedido una de ellas. A las ayudas por defunción del personal empleado público, recuperadas desde su suspensión en 2012, se han presentado 51 solicitudes. El pago de todas las ayudas se hará a lo largo de lo que queda de año.

La Junta de Andalucía informó antes del verano que prevé destinar más de 3,5 millones de euros a las ayudas de acción social en 2026. En concreto, el crédito asignado para las ayudas por defunción y para víctimas de violencia de género que, por motivos de seguridad, deban mudarse asciende a un millón de euros.

Las familias de los empleados públicos fallecidos recibirán 6.000 euros y las víctimas de violencia de género hasta 1.200 euros para sufragar los gastos de vivienda derivados de la necesidad de trasladarse por su seguridad y protección. El resto se reparte entre las ayudas solicitadas durante 2025 para atender a personas dependientes (con un límite de 3.000 euros por beneficiario) y las previstas para el alquiler de vivienda habitual (1.740.000 euros).