Actualizado 07/09/2016 14:15

Junta otorga a Sevilla 17,5 millones para cursos de FP para desempleados

La convocatoria contempla un total de 436 acciones formativas en la provincia de las que podrán beneficiarse 6.540 demandantes parados

SEVILLA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía destinará a la provincia de Sevilla un total de 17,5 millones para la realización de acciones de Formación Profesional para el Empleo (FPE) dirigidos a personas desempleadas.

Según informa la Administración andaluza en un comunicado, ésta es la cuantía que le corresponde de los 71,5 millones de euros que esta iniciativa otorga a toda Andalucía, según el reparto provincial. Dicho reparto se hecho en función del porcentaje de personas inscritas como demandantes de empleo en cada provincia.

Gracias a esta convocatoria, con la que la Junta "relanza" la Formación Profesional, a partir de este otoño se pondrán en marcha 1.779 acciones en la comunidad, de las que podrán beneficiarse 26.685 personas desempleadas. En la provincia de Sevilla serán 436 las acciones formativas y 6.540 los desempleados que podrán beneficiarse de ellas.

A esta oferta se sumarán en breve las correspondientes al programa a de Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo (50 millones de euros) y las acciones formativas para trabajadores ocupados (20,6 millones), con lo que la previsión total superará los 142 millones.

La nueva convocatoria de aciones formativas para personas desempleadas se concretará en subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. A estas ayudas podrán optar las entidades acreditadas en inscritas en el Registro de Centros y Entidades colaboradoras de FPE de Andalucía que cuenten con los medios suficientes y adecuados.

El plazo de presentación de solicitudes es de diez días desde la publicación de la orden en BOJA el pasado viernes día 2. Podrá utilizarse el modelo disponible en la dirección utilizarse el modelo disponible en la dirección https://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio/ofici..., del portal de la Junta de Andalucía. Una vez presentadas, el periodo máximo de resolución y publicación será de cuatro meses.

Se primará el desarrollo de acciones formativas que permitan a los beneficiarios la obtención de certificados de profesionalidad con los que puedan hacer valer su cualificación en todo el territorio de la Unión Europea. También se tendrán en cuenta las necesidades específicas de cualificación en cada territorio y las demandas de los empresarios, con especial atención a sectores productivos estratégicos para la economía andaluza, como el aeronáutico, el naval, la atención a la dependencia y las energías renovables.

Para poder participar en las acciones formativas, las personas interesadas deberán constar en alta como trabajadoras desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Tendrán prioridad en el acceso a los cursos las inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas desempleadas de larga duración, entre otras.

La nueva convocatoria incorpora criterios de baremación cuantificables que garantizan la concurrencia competitiva en el acceso a las subvenciones para la realización de cursos, además de la prohibición de subcontratar las acciones formativas. También establece una única forma de pago, de manera que las entidades beneficiarias recibirán como anticipo un 25 por ciento de la subvención en el momento de la concesión de la misma, un 35 por ciento una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, y el 40 por ciento restante tras la justificación total de la subvención concedida.

La concesión y los pagos de las ayudas estarán sometidos a las máximas garantías de control a través de un procedimiento de fiscalización previa cuyo diseño ha sido validado por la Intervención General de la Junta de Andalucía.

La justificación final se realizará mediante la presentación de la cuenta general de la actuación y el informe de un auditor --en el caso de las entidades locales se requerirá el certificado de los interventores de estas administraciones--. Deberá presentarse en un plazo máximo de tres meses desde la finalización de la programación establecida.