SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior ha acordado este lunes con los sindicatos presentes en la Mesa General de la Función Pública --CSIF, UGT y CCOO-- una oferta de empleo público extraordinaria para reducir la tasa de temporalidad en la administración, para 7.215 plazas de personal temporal e interino en los ámbitos general y docente. En concreto, 2.715 para la Administración General y las restantes 4.500 al sector docente.
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, autorizó una tasa adicional de reposición de efectivos para la estabilización de empleo temporal que incluye las plazas de naturaleza estructural dotadas presupuestariamente que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017 en diversos sectores y colectivos.
Junto a lo anterior, se estableció además, que las Administraciones Públicas podían disponer en los mismos ejercicios 2017 a 2019 de una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal de aquellas plazas que estuviesen dotadas presupuestariamente y, desde una fecha anterior al 1 de enero de 2005, hubiesen estado ocupadas ininterrumpidamente de forma temporal, en los términos previstos en la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. A todo ello se sumaba la previsión del artículo 19.1.4 de la misma Ley 3/2017, de 27 de junio, de que no computaban dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos las correspondientes al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial.
En un comunicado, la Junta señala que este pacto con los sindicatos se encuadra dentro del acuerdo marco alcanzado en el seno de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía el 13 de julio de 2018, para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz, que fue ratificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de julio de 2018.
La Junta, tal y como establece la propia Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, garantiza que los correspondientes procesos selectivos de estabilización que se articulen garantizan el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La convocatoria, que incluirá la correspondiente reserva de plazas para las personas con discapacidad, permitirá que cualquier persona pueda participar en los procesos selectivos con independencia de que se encuentre o no prestando servicios como personal interino en ese momento, y sin necesidad de que la plaza que ocupe haya sido incluida o no en los procesos de estabilización.
Este principio no impide que dichos procesos selectivos, que se aprobarán previa negociación con las organizaciones sindicales, incluyan la valoración como mérito de la experiencia acumulada a lo largo de los años de servicio.
A partir de ahora, bajo este marco de criterios comunes, se continuará la negociación en la Mesa Sectorial de Educación, que se celebrará esta misma tarde, así como en las reuniones previstas para este marte de la Mesa Sectorial de Administración General y de la Comisión del VI Convenio Colectivo, con el fin de culminar este proceso de negociación antes de la aprobación del Decreto por el Consejo de Gobierno.
En este sentido, la Comisión Europea, en uno de sus informes de recomendaciones, ha efectuado una llamada al Gobierno de la Nación para que acelere el proceso de conversión de plazas de interinos y temporales en fijos dentro del sector público, a fin de reducir la tasa de temporalidad en la Administración al ocho por ciento antes de que finalice 2019.
COMPROMISO "REAL Y FIRME" CON LA NUEVA LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA
También se ha trasladado el compromiso "real y firme" del Gobierno andaluz para aprobar en esta legislatura una nueva Ley de Función Pública "desde la participación y el consenso". La Consejería también han acordado la cuantía de la ayuda de acción social de 2018 para atención a personas con discapacidad, que se aplicará a las solicitudes presentadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. Se ha acordado que el importe de la ayuda a conceder pueda alcanzar hasta el cien por cien de los gastos justificados, sin fijar un límite máximo a percibir, siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.
Igualmente, la Junta ha trasladado que si las disponibilidades presupuestarias impidieran atender todas las solicitudes presentadas, el importe de la ayuda se reduciría proporcionalmente en función del crédito disponible. En todo caso, se ha acordado garantizar que el importe de la ayuda no pueda ser inferior al 85 por ciento de los gastos justificados para lo cual, si resultara necesario, podría aplicarse un límite máximo a percibir, por persona beneficiaria, de 3.000 euros.
CSIF-A
El presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, ha mostrado su satisfacción por "la consolidación del empleo público, reduciendo la temporalidad y la precariedad de los puestos", pero haciendo además hincapié en la necesidad de hacer más ofertas de empleo ambiciosas para paliar el déficit de personal que sufren algunos servicios públicos".
En este sentido, también se ha congratulado de que el nuevo Gobierno respete los acuerdos firmados con el anterior. No obstante, ha hecho especial incidencia en que en Educación se haga efectiva la tasa de reposición al cien por cien. De igual modo, ha mostrado su oposición a la funcionarización directa del personal indefinido no fijo, que "debe someterse a los procesos selectivos oportunos para ser personal laboral, como señalaban los tribunales de justicia".
Por colectivos, CISF-A ha detallado que la oferta de empleo acoge 2.715 empleos públicos para la Administración General de la Junta de Andalucía (2.533 para la estabilización de empleo temporal, de las cuales 582 son para funcionarios y 1.951 para laborales; y 182 para los procesos de consolidación de empleo temporal, de los cuales 131 son funcionarios y 51 laborales) y 4.500 para Educación (2.500 para 2019 y 2.000 para 2021), datos que, aunque positivos, CSIF-A considera totalmente insuficientes ante el grave déficit de personal de los servicios públicos.
UGT-A
Por su parte, UGT ha exigido incrementar las plazas en los procesos de estabilización de empleo temporal de la Administración General de la Junta, así como aumentar la tasa de reposición en enseñanza al 108 por ciento. El sindicato ha considerado "insuficiente" la oferta a determinados cuerpos de Administración General.
En el apartado de consolidación, ha solicitado unas 400 plazas más, ya que solo se contemplan 131, que sumadas a las de la EOP de 2017 sumarían 316, "teniendo en cuenta que nunca en esta Administración General de la Junta ha habido un proceso de Consolidación posible desde el 2007 y teniendo en cuenta que existen más de 800 funcionarios interinos con más de 20 años de antigüedad, que cumplen con los requisitos marcados en la Ley para consolidar sus plazas mediante este proceso.
CCOO-A
Por su parte, el coordinador del Área Pública de CCOO-A, Humberto Muñoz Beltrán, ha valorado que la Administración Pública se haya mostrado a favor de cumplir los compromisos, pero ha mostrado su desacuerdo en cuanto a las plazas ofertadas para tasas de reposición o jubilación tanto para Educación como para la Administración General, donde en esta última han señalado que "faltan 1.200 plazas".
En Educación, hay "un déficit grave de personal educativo", ya que se habilita a la administración a convocar hasta el 108 por ciento, pero "en Enseñanza no llega al 40 por ciento".
