La Junta paga esta legislatura más de 17 millones en multas por falta de depuración de aguas e impulsa un cambio legal

SEVILLA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha pagado en esta legislatura algo más de 17 millones de euros por falta de depuración de aguas, de los cuales 8,5 millones corresponden al proyecto Málaga Norte. Para "evitar la imposición de sanciones derivadas de posibles incumplimientos", entre otros motivos, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural impulsa una modificación de la Ley de aguas, cuyo anteproyecto está ya en exposición pública.

Tras quince años de vigencia de la actual Ley de aguas, "se hace necesaria una nueva modificación normativa que permita dar respuesta a los desafíos actuales y futuros que afronta la comunidad autónoma en materia de gestión del agua, un recurso natural esencial para los habitantes, las industrias y el campo andaluces", se detalla en la consulta pública consultada por Europa Press.

La Consejería que dirige Ramón Fernández-Pacheco enmarca las mejoras de la Ley de aguas en la necesidad de "optimizar el funcionamiento de la Administración andaluza del agua". En este sentido, la reforma propuesta pretende, además, "simplificar y agilizar los procedimientos administrativos, eliminando cargas innecesarias y permitiendo una gestión más eficiente y eficaz".

La nueva normativa persigue dotar a la Junta de Andalucía de los instrumentos necesarios para garantizar una gestión "integral, sostenible y responsable del agua", cumpliendo con los compromisos adquiridos ante la Unión Europea y "evitando la imposición de sanciones derivadas de posibles incumplimientos".

La experiencia de los quince años de aplicación de la Ley "ha puesto de manifiesto limitaciones que dificultan atender con eficacia las exigencias derivadas de la evolución normativa comunitaria, la complejidad creciente de la planificación hidrológica, el aumento de la presión sobre los recursos hídricos y la necesidad de garantizar el suministro de agua en condiciones de calidad y seguridad para la población y las actividades económicas".

La reforma resulta "especialmente oportuna" en un contexto caracterizado por la obligación de cumplir los compromisos adquiridos ante la Unión Europea en materia de política de aguas, "evitando posibles procedimientos sancionadores por incumplimientos"; la necesidad de disponer de instrumentos normativos "más eficaces" para planificar, financiar y ejecutar las infraestructuras hidráulicas, incluyendo mecanismos de colaboración con entidades locales y supramunicipales; la importancia de avanzar hacia un modelo de gestión basado en la "transparencia, gobernanza, sostenibilidad y eficiencia"; y la "conveniencia de simplificar y agilizar" los procedimientos administrativos relacionados con la gestión del agua.