La Junta propone que los VTC no puedan captar viajeros ni estacionar en estaciones, hospitales y hoteles

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio que dirige Marifrán Carazo ha entregado al sector del taxi y de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) un borrador de propuesta para asegurar una "convivencia ordenada" entre ambas modalidades de transporte", en la que plantea que los VTC no puedan circular en busca de clientes ni estacionar en zonas de "especial protección" en torno a puntos de "gran demanda" de servicios de transporte.

En concreto, la Consejería propone dicha limitación a la actividad de VTC en zonas de "especial protección" en torno a puntos de "gran demanda" de servicios de transporte en un radio que "será definido con la colaboración de los ayuntamientos en función de las necesidades particulares de cada uno, pudiendo tomar como referencia las establecidas en las ordenanzas municipales sobre la prohibición de tomar viajeros a una determinada distancia de las paradas de taxi y partiendo de un mínimo de 100 metros".

Así lo ha dado a conocer este jueves la Consejería en un comunicado en el que defiende que, con esta propuesta, cumple el compromiso que adquirió con asociaciones de taxistas en su reunión del pasado 15 de noviembre de enviarles un nuevo planteamiento en el plazo de un mes.

Fomento detalla que estas zonas de especial protección serán aeropuertos, puertos, estaciones de trenes y autobuses, hospitales, paradas de taxi, hoteles de al menos cuatro estrellas que tengan más de cien unidades de alojamiento, juzgados y cualquier otro lugar donde se esté celebrando un evento deportivo, cultural, social o de cualquier otra índole que tenga "gran potencialidad de generación o atracción de viajes".

Así, la propuesta plantea que un vehículo VTC con servicio precontratado podrá circular en todo el territorio andaluz sin limitación añadida a las establecidas para cualquier otro vehículo en la normativa general de tráfico, pero sin servicio precontratado no podrá estar estacionado con las aplicaciones abiertas, ni en circulación propiciando la captación, en el interior de las zonas de especial protección definidas.

Además, para evitar la captación de viajeros, se establece como condición que los vehículos VTC únicamente podrán ser geolocalizados por los usuarios una vez que se produzca la contratación del servicio, según detalla la Consejería.

La regulación que se propone tiene en cuenta, por un lado, la "desproporción manifiesta" existente en Andalucía entre el número de autorizaciones VTC (2.554) y las autorizaciones de taxis (9.145), lo que lleva a una relación actual de menos de un vehículo VTC por cada cuatro taxis, que supera "con creces" la regla de la proporcionalidad fijada en la legislación 1/30, según admite la Consejería, y, por otro lado, que los servicios VTC únicamente pueden desarrollar su actividad en el segmento de la pre-contratación, a diferencia del sector del taxi que puede prestar sus servicios en los tres segmentos del mercado del transporte urbano; es decir, pre-contratación, contratación del vehículo en circulación y en paradas.

Los responsables de la Consejería han elaborado esta propuesta, según explica el departamento de Carazo, acogiéndose a una respuesta escrita del Ministerio de Fomento en la que se informa de que el vehículo con conductor se sujetará "a la normativa general de tráfico como cualquier otro vehículo" y que no podrá estar estacionado o captar clientes "a una distancia prudencial" de lugares de concentración y generación de demanda de servicios de transporte de viajeros como pueden ser aeropuertos, puertos, estaciones de ferrocarril o paradas de taxis.

Para determinar esta distancia, "se podrá tomar como referencia la normativa vigente en cada comunidad autónoma", según indica el Ministerio y expone la Consejería, que defiende que el nuevo Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) ha abordado "desde un primer momento los cambios que ha generado la proliferación de los VTC", si bien "sigue defendiendo que es el Ejecutivo central el que tendría que haber regulado esta situación y no desviar las competencias hacia las autonomías".