Publicado 06/03/2018 13:55

La Junta rechaza por cuarta vez tomar en consideración de la proposición de IULV-CA sobre la Cámara de Cuentas

El Pleno del Parlamento andaluz este jueves
PARLAMENTO ANDALUZ - Archivo

SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado este martes, por cuarta vez, mostrar su disconformidad respecto a la toma en consideración de la proposición de Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía presentada por el Grupo Parlamentario de IULV-CA.

Según la Junta, el texto presentado por IULV-CA es "prácticamente idéntico" al que ya rechazó el Ejecutivo autonómico en otras tres ocasiones desde 2015 y vuelve a plantear la modificación del régimen de personal dotando a la Cámara de un estatuto propio para sus empleados, lo que "podría implicar una mejora de las condiciones de este colectivo respecto del resto de trabajadores públicos, en contra de la equiparación que defiende el Gobierno andaluz".

La Junta tampoco comparte la propuesta de IULV-CA de "atribuir nuevas funciones al organismo" porque "conllevaría un aumento de sus necesidades y de los créditos presupuestarios para atenderlas" ni la posibilidad de recurrir a contrataciones externas de una forma que, a juicio del Gobierno andaluz, "presenta un excesivo nivel de discrecionalidad".

Según el Ejecutivo que preside Susana Díaz, el único cambio que introduce la nueva proposición es la nueva fecha límite del 30 de junio para presentar la Cuenta General, frente al anteriormente planteado del 30 de abril. No obstante, la Junta sigue considerando "totalmente inviable este adelanto del plazo, que se fija en el 30 de septiembre conforme a la vigente legislación autonómica".

El Ejecutivo andaluz argumenta esta imposibilidad en que "las sociedades de capital y las fundaciones disponen hasta el mes de junio para aprobar sus cuentas y remitirlas a la Intervención General, que las verifica o en su caso las subsana antes de la formación de los documentos finales".

Según establece el Reglamento del Parlamento andaluz, el Consejo de Gobierno debe manifestar su criterio respecto a la toma en consideración de las proposiciones de ley, así como su conformidad o no con la tramitación si implica aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios en el ejercicio en curso.