Hacienda trabaja ya en la configuración de un departamento
con encuadre en la estructura de la Administración autonómica
SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha acordado este martes manifestar su criterio en contrario respecto a la toma en consideración de la proposición de ley relativa a la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía y ha argumentado, entre otras cuestiones, el "elevado coste" que supondría.
Su memoria económica, con una previsión anual de 3,1 millones de euros, solo desglosa las partidas para personal (a las que se reserva el 85,7 por ciento del presupuesto) y para gastos corrientes y de funcionamiento (12,5 por ciento). Se trata, a juicio del Gobierno andaluz, de unos costes muy genéricos que ni siquiera especifican el destino del 1,8 por ciento restante.
Aunque en la proposición se argumenta que no se pretende afectar al presupuesto vigente, el Gobierno andaluz señala que sí tendría repercusión en el próximo que se apruebe, por lo que debería plantear la correspondiente modificación de las partidas de gasto para que sea viable económicamente desde la fecha prevista de entrada en vigor.
A juicio del Ejecutivo, esta propuesta supone la creación de un nuevo ente cuyas funciones de control se solaparían con las que tienen asignadas la Intervención General de la Junta, la Cámara de Cuentas y la Fiscalía. Asimismo, sus capacidades de investigación se verían muy limitadas por colisionar con las tareas atribuidas constitucionalmente a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a los órganos jurisdiccionales.
El Consejo señala que la Consejería de Hacienda ya está trabajando en la configuración de la Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción en Andalucía, planteada a partir de una reordenación de los medios humanos y materiales disponibles en la Administración autonómica, sin incremento bruto de estructuras, costes y personal.
Por el contrario, la proposición de ley de Podemos supone la creación de una nueva estructura administrativa dentro del Parlamento para el ejercicio de funciones que ya tienen asignadas tanto la propia Cámara como los órganos de control interno de las administraciones, particularmente las intervenciones, las inspecciones de servicios o el Gabinete Jurídico de la Junta. Este modelo de oficina colisionaría también con las atribuciones de investigación que corresponden a las autoridades policiales y judiciales si se trata de delitos.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organismos como la Fiscalía Anticorrupción y los propios juzgados y tribunales ya cuentan con unidades especiales para investigar, vigilar y perseguir este tipo de conductas delictivas, destaca la Junta.
La creación de la Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción en Andalucía responderá al compromiso expresado por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en su discurso de investidura, con el fin de prevenir, detectar y denunciar este tipo de prácticas.
Una vez entre en funcionamiento, estará legitimada para instar de forma autónoma la incoación de procedimientos sancionadores en el ámbito administrativo, así como para exigir responsabilidades a funcionarios y autoridades y denunciar ante el Ministerio Fiscal actuaciones que puedan ser constitutivas de delito.
