La Junta refuerza la Inspección de los Servicios Sociales de Andalucía

SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto de organización y funcionamiento de la Inspección de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, que sustituye al de 2008 con el fin de agilizar su actividad y adaptar la regulación a la ley autonómica sobre la materia en vigor desde 2016. Entre otras novedades, se amplía la regulación de las actuaciones, se incluyen instrucciones concretas para el desarrollo del Plan General de Inspección y se incorpora un régimen de incompatibilidades, abstención y recusación para reforzar las garantías de objetividad y transparencia en el personal inspector.

El decreto mantiene básicamente la estructura de una inspección centralizada en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, ocho servicios provinciales y con mecanismos de coordinación con otras administraciones públicas, especialmente la local. Asimismo, incluye procedimientos operativos ya implantados pero carecían de desarrollo normativo, así como la metodología que deberá seguirse para homogeneizar la actividad.

Con el fin de incrementar la agilidad y la efectividad, se introducen novedades en la mayor determinación de los tipos de actuaciones. Destacan en este sentido la comparecencia de personas beneficiarias de prestaciones y servicios ante la Inspección y las visitas a las sedes de las entidades y los centros sin necesidad de previo aviso, así como a domicilios de personas beneficiarias del sistema público para comprobar la calidad y la atención que reciben.

En relación con el Plan General, las instrucciones que ahora se incorporan configuran un instrumento de una periodicidad máxima cuatrienal con memorias anuales de cumplimiento y una relación detallada de actuaciones; objetivos y ámbito de aplicación; servicios y centros objeto de la inspección; protocolos de actuación; procedimientos operativos; encuestas, y disposiciones técnicas de así otras disposiciones técnicas necesaria para homogeneizar las acciones, que podrán tener carácter ordinario o extraordinario y cuyas prioridades se establecerán en función de la naturaleza, trascendencia o gravedad de los hechos denunciados.

De acuerdo con el decreto, el plan se aprobará mediante orden de la persona titular de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. La Inspección Central de Servicios Sociales elaborará una memoria anual sobre su ejecución y grado de cumplimiento, así como de las actuaciones extraordinarias, mientras que la Consejería implantará evaluaciones periódicas con el mismo fin. El documento también recogerá propuestas y recomendaciones para mejorar la eficacia de futuras planificaciones.

Otro aspecto regulado es el de la adopción de las medidas provisionales para asegurar la eficacia de las resoluciones y evitar situaciones de riesgo para las personas. En este último supuesto se incluyen el cierre temporal o parcial del centro afectado; la suspensión temporal, total o parcial de sus servicios o actividades, y la prohibición temporal de aceptación de nuevas personas usuarias. Las propuestas de estas medidas provisionales se notificarán a las personas interesadas, que contarán con un plazo de cinco días para formular alegaciones.

COORDINACIÓN

En el capítulo de coordinación, además de la especial atención que se presta a las entidades locales, el reglamento aborda también las relaciones con la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía y con las que tienen mayor incidencia en la materia, así como con las dependientes de otras administraciones Públicas.

Actualmente, la Junta desarrolla planes anuales de inspección de servicios sociales que incluyen visitas a todos los centros de mayores y personas con discapacidad, tanto públicos como privados, para comprobar su calidad y el cumplimiento de la normativa. La actividad se centra especialmente en detectar posibles accesos fraudulentas a prestaciones y las ayudas económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Asimismo, se incluyen actuaciones derivadas de denuncias o llamadas al Teléfono de Atención a Personas Mayores (900 85 83 81), visitas a domicilios a personas beneficiarias de cuidados familiares y seguimiento a las usuarias del Servicio de Teleasistencia.

Las visitas a centros inspeccionan sobre todo las actividades, tareas y acciones que inciden de forma más directa en la calidad de vida, además de comprobar la dignidad de trato, el respeto de los derechos individuales, el avance hacia un modelo de vida normalizado y el cumplimiento de las normas de funcionamiento, protocolos de horarios, condiciones de higiene y aseo, comidas y planes de autoprotección.

El pasado año se incluyó como novedad un programa específico de control de la aplicación de contenciones mecánicas a personas usuarias de los centros residenciales, con verificación de la prescripción facultativa, los motivos de la medida y el consentimiento por escrito. Un programa similar asegura la correcta aplicación de los tratamientos de úlceras por presión.