SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, tiene pendiente una reunión con el sector empresarial para examinar el texto de la futura Ley de Cambio Climático de Andalucía, que pretende ser un instrumento de prevención y corrección de los efectos adversos de este fenómeno global y que marca un compromiso de emisión a través de un presupuesto de carbono repartido por áreas estratégicas de mitigación, transporte, agricultura, residuo, edificación y vivienda y emisiones industriales difusas.
Fuentes de este departamento han precisado a Europa Press que, en este sentido, el consejero se está viendo con diferentes agentes y sectores implicados para hablar de las medidas concretas contempladas en la nueva normativa, con el afán de examinarla para que el resultado final, según las palabras de Fiscal, "satisfaga a la inmensa mayoría de los ámbitos".
El anteproyecto en sí se encuentra a la espera de un informe de la Dirección General de Presupuestos para su remisión al Consejo de Gobierno y su posterior traslado al Parlamento para su tramitación, por lo que se encuentra en los "últimos momentos" previos a estos pasos. El texto situaría a Andalucía en la "vanguardia" de la lucha contra el cambio climático y podría servir de ejemplo a otras regiones para sumarse a la misma.
La Junta destaca el carácter "pionero" de la iniciativa para minimizar los efectos del cambio global. Esta ley contempla un Plan Andaluz de Acción por el Clima en el que se abordarán los objetivos de mitigación y adaptación desde el ámbito local y autonómico, para incorporarlos a todas las planificaciones sectoriales, así como la creación de un sistema de compensación de emisiones de efecto invernadero en el sector privado, que posibilitará la opción de compensar las emisiones a través de proyectos de forestación, reforestación y conservación.
Para combatir los efectos del cambio climático hay que desarrollar, por una parte, políticas de mitigación que permitan disminuir las emisiones de efecto invernadero y secuestrar dióxido de carbono de la atmósfera; y por otro, aplicar políticas de adaptación, con el fin de minimizar las consecuencias negativas de este fenómeno global en todo el territorio andaluz, una de las zonas más vulnerables de Europa.
Como medidas que ha desarrollado la Junta para lograr estos objetivos destacan la concesión de ayudas para la transformación de la energía en procesos industriales, unos incentivos que han superado en el periodo 2008-2012 los 200 millones de euros; los tratamientos de restauración en áreas con un grado muy alto de desertificación; el fomento de la sostenibilidad agraria y pesquera, mediante el impulso del ahorro energético y las energías renovables en la industria agroalimentaria; la mejora del transporte público y el fomento de la movilidad no motorizada y la intermodalidad; los programas de seguimiento de la flora y fauna; y el aprovechamiento de los recursos naturales.
Respecto a las políticas hidráulicas, sobresale también la elaboración de planes para la amortiguación de fenómenos extremos como la sequía o las avenidas e inundaciones, mientras que en tratamiento de los residuos destacan las acciones destinadas al aprovechamiento del biogás de vertedero, la recuperación de materiales o la valorización energética. A todo ello hay que sumar las campañas de educación ambiental dirigidas a todo tipo de público para concienciar sobre los efectos del cambio climático y promover conductas respetuosas con el medio ambiente.