SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha presentado este martes las líneas de actuación del Plan de Mejora de la Regulación Económica en Andalucía, que la Junta prevé que quede definitivamente aprobado en mayo del próximo año 2020, y en el que "al menos" 872 procedimientos administrativos van a ser sometidos a una "revisión".
Junto al consejero, han detallado en rueda de prensa en Sevilla las líneas maestras del plan el presidente del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, José Luis de Alcaraz, y el secretario general de Economía, Manuel Alejandro Hidalgo.
El consejero ha señalado que con este plan se busca que "la intervención del Estado --en este caso, a través de la Junta-- en la economía sea más eficaz y eficiente, que se utilicen menos recursos para conseguir determinados objetivos y que el impacto de las normas sea más potente".
Se trata de "mejorar la eficiencia y eficacia", según ha insistido Velasco, que ha explicado que, "en días pasados", el Consejo de Gobierno dio "un mandato" para la elaboración de este plan y la Comisión Delegada de Asuntos Económicos aprobó "una hoja de ruta para la elaboración de esta normativa". Por su parte, la Agencia de Defensa de la Competencia se encargará de "elaborar el plan, que será consensuado con agentes sociales" y que el propio Consejo de Gobierno "aprobará a su finalización".
Según ha agregado, el "cronograma" que maneja la Junta "indica que en mayo de 2020 debe estar ya aprobada esta nueva normativa" que busca que Andalucía sea "un territorio más amable con las empresas" y que las que se instalen en la comunidad operen con una normativa "racional, eficiente".
Velasco ha puesto de relieve además que Andalucía puede ser "la primera comunidad que va a someter a revisión completa todos los procedimientos administrativos con el objetivo de que el sistema funcione de una manera más eficiente".
Por su parte, el titular de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía ha incidido en que el plan pretende "remover, reducir y eliminar aquellas barreras administrativas de entrada al mercado, como son los requisitos y tramites injustificados o desproporcionados, simplificando también los trámites administrativos".
Ha explicado que la Agencia ha elaborado "el documento de trabajo base del plan aplicando de forma prioritaria los principios de buena regulación y de proporcionalidad, justificación, unidad de mercado, necesidad, bien común y menor injerencia, aplicando además el principio general de control 'ex post'", es decir, "a posteriori".
Esto supone "una clara modernización de la administración a través de una normativa pro mercado", según ha defendido José Luis de Alcaraz, quien ha abundado que se pretende que el legislador "valore a priori cuál puede ser el efecto de una norma nueva en cuanto a posibles barreras administrativas que crea".
Además, se quiere fomentar la "premisa" de la "loable confianza" en que los empresarios "cumplen los requisitos para iniciar un negocio, debiendo ejercer la administración su obligada función de control a posteriori de actividad económica sin paralizar ni retrasar ningún inicio o desarrollo empresarial, pero sin olvidar el interés general, de los consumidores y la seguridad jurídica".
MÁS DE 1.800 PROCEDIMIENTOS
La Agencia de Defensa de la Competencia ha contabilizado la existencia de 1.838 procedimientos administrativos en la comunidad, tanto nacionales como autonómicos, y se han "focalizado como mínimo 872 procedimientos que habrá que revisar, suprimir, recortar o analizar muy pormenorizadamente".
De esta manera, "al menos" 872 procedimientos "habrá que revisarlos", lo cual puede conllevar "reducir, simplificar, eliminar", según ha explicado el representante de la Agencia de la Competencia, que ha detallado que este martes se crea el grupo de trabajo de expertos para la elaboración del plan.
Además, se va a crear un grupo de trabajo con funcionarios de las consejerías que "van a ayudar a identificar las normas, procedimientos o requisitos que deben ser revisados o extinguidos" en algunos casos, y también habrá un grupo de trabajo con los agentes económicos y sociales para que ellos mismos digan "cuáles son las barreras que sufren".
El representante de la Agencia ha apostillado que, aunque "en términos totales" el plan "tiene que estar terminado en un año", hasta 2022 "está prevista la revisión y análisis del plan", y para "después del verano" se pretende que se pueda aprobar "un paquete de medidas urgentes", por ejemplo, a través de un decreto-ley.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
El plan contempla nueve líneas de actuación. La primera de ellas es la evaluación de procedimientos administrativos y actuaciones de simplificación y reducción de trabas administrativas, que contempla la posibilidad de sustituir en algunos procedimientos el régimen de autorización por una declaración responsable o una comunicación, así como reducir a un máximo de tres meses desde su inicio los plazos para la inscripción de procedimientos en los registros dependientes de la comunidad, y el "silencio positivo" en procedimientos que afecten a la actividad emprendedora.
Otras líneas de actuación son la reducción de barreras legales al desarrollo de sectores específicos --que se centrará en trabas medioambientales, urbanísticas, energéticas y en los servicios profesionales--; facilitar el desarrollo de las actividades económicas en el medio rural; impulsar la mejora de la regulación económica en el ámbito local, y reforzar las política de competencia y de mejora de la regulación.
También se contempla una línea para promover una administración andaluza más eficiente, otra para crear un entorno favorable para la innovación social y la economía digital, una octava para elaborar una ley para promover y atraer inversiones productivas, y otra de coordinación entre administraciones.
Alcaraz ha querido dejar claro que "no va a haber una desregulación o liberalización total, sino una revisión de la regulación", y "no vamos a mermar ni el interés general ni el medio ambiente". "No abogamos por un Estado mínimo, sino más eficiente", ha añadido el consejero, quien ha aclarado que "seguirán existiendo informes medioambientales, porque la norma tiene que existir, pero debemos exigir a la administración ser mas eficiente, que los plazos de respuesta sean más razonables".
GRUPO DE EXPERTOS
El grupo de trabajo de expertos que se ha constituido este martes con miembros designados por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos a propuesta de las consejerías está conformado por ocho mujeres y nueve hombres, y de él forman parte siete directivos de administraciones públicas, cuatro catedráticos, profesores de universidad y profesionales, otros cuatro funcionarios y empleados públicos cualificados, y dos representantes de agentes económicos.
Así, entre la nómina de integrantes figuran el propio presidente del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, José Luis de Alcaraz; la secretaria general de Administración Pública, Ana María Vielba, y la secretaria general de Industria, Energía y Minas y presidenta de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia González.
El secretario general de Economía, Manuel Alejandro Hidalgo, ha explicado que para la selección de estas personas se ha atendido fundamentalmente a los criterios de "mérito y capacidad", y el trabajo del grupo se va a constituir en torno a cuatro subcomisiones.
Una de ellas abordará la reducción y eliminación de trabas; otra, la simplificación de la regulación económica en el medio rural y el ámbito local; una tercera para elaborar las reformas normativas dirigidas a "promover y atraer inversiones productivas", y la cuarta para "promover una administración pública más eficiente", porque, según ha querido dejar claro, el plan busca "mejorar la regulación económica, no desregular".
