Archivo - Una de las parcelas precintadas junto a Marismas de Barbate. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía quiere que los profesionales que formarán parte del cuerpo de subinspección de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda tengan la categoría de agentes de la autoridad y que las situaciones de peligrosidad se tengan en cuenta en su régimen jurídico y en la dotación de medios de protección.
Son algunas de las cuestiones que se recogen en el primer borrador de decreto --a exposición pública ya-- para contar con un reglamento de organización y funciones de la inspección de Ordenación del Territorio, vigente desde 2006 y que hay que adaptarlo ahora a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) y a la normativa vigente en materia de Vivienda.
Con esta iniciativa se da cumplimiento a la "voluntad" del Gobierno de la Junta de Andalucía que en 2019 instó a la Consejería a "actualizar las normas que fueran necesarias para conseguir un territorio sostenible y equilibrado". La creación del cuerpo de subinspectores por la Lista supone una mayor presencia en el territorio y, por tanto, "un mayor control de las ilegalidades"; pero también implica la necesidad de actualizar el vigente Reglamento que regula la organización y funciones de la Inspección integrando dicho Cuerpo en la estructura organizativa de la Inspección.
Desde 2006, fecha de aprobación de la norma vigente, la realidad social, económica y las formas de ocupación ilegal del territorio han variado sustancialmente, lo que "exige una adaptación de la estructura, organización y funciones de la Inspección".
En el texto publicado y consultado por Europa Press, se argumenta que hay que "reforzar" la inspección y seguimiento de los actos y usos del suelo, con "especial incidencia" en los asentamientos urbanísticos surgidos al margen de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, ya que "conforman una de las infracciones territoriales que más impacto perjudicial tienen en la sostenibilidad del territorio andaluz desde el punto de vista de la seguridad para personas y bienes, de la protección ambiental, y del impacto social y económico".
"El fenómeno parcelario --continúa el borrador de decreto-- comporta procesos cada vez más rápidos que exigen una vigilancia continua y la presencia en el territorio de personal funcionario de la inspección". En línea con este fin, se reforzará la presencia en las provincias de los inspectores y del nuevo cuerpo de subinspección para "garantizar la eficacia de las actuaciones inspectoras".
En el reglamento, que consta de 57 artículos distribuidos en cuatro capítulos, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y dos disposiciones finales, se especifica que el ingreso en el cuerpo de subinspección será por oposición libre. Su nivel será del nivel 22 al 26 en la escala de los funcionarios.
La futura Ley de Vivienda, en tramitación parlamentaria, también prevé la incorporación de subinspectores de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda para reforzar las labores de inspección de vivienda. Las funciones de esta nueva figura serán las de las visitas y manejo de los medios digitales que sean necesarios para la detección, control y seguimientos de los actos y usos del suelo y de la vivienda constitutivos de infracción; propuestas de imposición de multas; asesoramiento a colegios profesionales; labores de difusión y concienciación; y tareas de apoyo y asistencia técnica que le sea asignada por el jefe de la inspección de ordenación del territorio.
La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, "frente a la ausencia total de precintos de anteriores gobiernos, ha realizado cerca de 500 en 2024" por construir sobre suelo rústico. Los precintos son la herramienta de la Junta de Andalucía para luchar contra las construcciones. Así, entre 2023 y 2024, se usó esta vía para frenar hasta 864 edificaciones sobre suelo rústico no urbanizable.