Publicado 15/07/2020 15:49:42 +02:00CET

La totalidad de los ayuntamientos de Sevilla solicita las ayudas del Plan AIRE, que creará cerca de 2.400 empleos

SEVILLA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

En relación con el Plan AIRE, que establece medidas en materia de empleo destinadas a mejorar la empleabilidad de las personas gracias a la colaboración con los ayuntamientos, en la provincia de Sevilla, la totalidad de consistorios se ha acogido a esta iniciativa, "algo que tendrá como resultado la creación de 2.346 nuevos puestos de trabajo".

La iniciativa, que cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo y el Programa Operativo de Empleo Joven, está orientada a promover la creación de empleo en los municipios andaluces, a través del impulso a la inserción laboral de personas desempleadas por parte de los ayuntamientos con proyectos que permitan mejorar su empleabilidad con la adquisición de una experiencia laboral vinculada a una ocupación, detaca la Junta en un comunicado.

Los proyectos que desarrollen los ayuntamientos tendrán una duración máxima de 12 meses y estarán dirigidos a paliar los efectos de la crisis sanitaria por la Covid-19 en su municipio, facilitando el proceso de desescalada gradual de las medidas restrictivas de la movilidad y de la actividad económica. De este modo, los ayuntamientos realizarán contratos de seis meses mínimo de duración, prorrogable hasta ocho meses, por cuantías que van desde los 11.700 euros --para la contratación de trabajadores pertenecientes al grupo 1 de cotización-- y los 8.880 euros --grupo 4 al 10--.

En este sentido, las contrataciones en el marco de esta iniciativa tienen como finalidad favorecer la contratación del mayor número de personas posibles, garantizando, al mismo tiempo, el periodo suficiente de experiencia laboral.

MEJORAS
La delegada territorial de Empleo, María del Mar Rull, "ante las críticas y comparativas de este programa con otros planes", ha querido dejar claro que la iniciativa AIRE es una "medida extraordinaria, una respuesta rápida y urgente, una herramienta articulada para intentar amortiguar las consecuencias del coronavirus".

Asimismo, la delegada ha asegurado que incorpora importantes mejoras con respecto a otros programas de incentivos a la contratación. De esta manera, los ayuntamientos con resolución favorable recibirán la subvención en "un pago único anticipado del 100 por ciento" de la cuantía aprobada, y quedan exonerados no sólo del cumplimiento del requisito de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias, o frente a la Seguridad Social, también estarán exonerados de hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

De otro lado, según ha puntualizado Rull, se han revisado las cuantías de los incentivos tras permanecer invariables desde 2014, con incrementos que van desde los 500 a los 1.000 euros por contrato en las diferentes categorías. Además, ha destacado que con este programa de creación de empleo, se ha tenido en cuenta "por primera vez, el fenómeno de la despoblación". De este modo, la orden de ayudas contempla una asignación específica para 96 municipios de Andalucía con alto impacto de despoblación, para que puedan realizar, al menos, dos contratos por cada línea de incentivo.

Otra de las mejoras reseñadas por parte de la consejera se refiere a la agilización en el procedimiento para la tramitación de estas ayudas, "lo que nos ha permitido reducir de tres a dos meses el periodo para la resolución, y en el próximo mes de septiembre podrían comenzar los primeros proyectos y contrataciones".

PRIORIDAD DE COLECTIVOS
La delegada ha puntualizado que AIRE presta especial atención a determinadas actividades y sectores con importante efecto en el empleo de la región. Así, se concederá prioridad a las personas desempleadas que fueron contratadas en el periodo comprendido entre el pasado 1 de marzo y el 30 de junio de 2018 y/o el 1 de marzo y el 30 de junio de 2019, mediante cualquier modalidad contractual de carácter temporal, en determinadas actividades y sectores, tales como el turístico y la hostelería, y que además desde el 1 de marzo de 2020 y hasta el pasado 16 de junio --fecha de publicación de la norma en el BOJA-- no hayan sido contratadas en esos mismos sectores y se encuentran por lo tanto desempleadas.

Se trata, por tanto de proteger a esos temporales que se han visto arrojados del mercado de trabajo y han sido los grandes olvidados de la crisis. Entre estos colectivos de personas desempleadas, se establece también una prelación de cara a la selección, empezando por aquellas personas que no sean beneficiarias de ninguna prestación ni subsidio, seguidas de las beneficiarias del ingreso por Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, las perceptoras de subsidios por desempleo, de Renta Activa de Inserción, de Renta Agraria y, finalmente, de prestación contributiva por desempleo.

Esta selección la realizarán los propios ayuntamientos de entre las propuestas que formule el Servicio Andaluz de Empleo --dos por cada puesto ofertado--, y se formalizarán por parte de los ayuntamientos utilizando la modalidad de contrato por obra y servicio determinado, a jornada completa. Las personas finalmente contratadas recibirán la tutorización de las entidades beneficiarias y contarán con acciones de orientación a través del asesoramiento especializado por parte de profesionales de la orientación del Servicio Andaluz de Empleo.

Los proyectos presentados por los ayuntamientos a la iniciativa AIRE están dirigidos a paliar los efectos de la crisis sanitaria por Covid-19 en los municipios, contribuyendo a mitigar las consecuencias de las medidas adoptadas desde la declaración del estado de alarma.

Así, se incluyen entre los proyectos subvencionables el acondicionamiento de playas, parques públicos, parques infantiles o cualquier lugar o espacio público de ocio, la puesta en marcha de espacios formativos e informativos para la ciudadanía, las medidas sociales para apoyo a colectivos especialmente vulnerables, el mantenimiento y preservación de los espacios naturales, los programas de mejora e incentivos del turismo, así como cualesquiera otros que contribuyan a mitigar las consecuencias de las medidas adoptadas desde la declaración del estado de alarma.

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